Recibe Senado iniciativa para aplazar elección judicial a 2028

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, envió una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión con el objetivo oficial de posponer del año 2027 al domingo 4 de junio de 2028 la segunda etapa de la elección del Poder Judicial. La propuesta fue entregada formalmente a la Comisión Permanente por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde.

De acuerdo con el proyecto, la modificación responde de manera directa a las complicaciones operativas, logísticas y de saturación de boletas detectadas tras la inédita jornada de votación judicial federal celebrada en 2025.

Calendario de aprobación fast-track en el Congreso

El bloque legislativo mayoritario ya delineó la ruta crítica para consolidar la reforma en el Constituyente Permanente antes de que concluya el periodo en curso:

Convocatoria extraordinaria: La Comisión Permanente convocará formalmente a la Cámara de Diputados y al Senado a un periodo extraordinario de sesiones.

Fechas de debate: El proyecto se discutirá y votará en el pleno de la Cámara de Diputados el miércoles 27 de mayo, pasando de inmediato al Senado para su votación la noche del jueves 28 de mayo.

Aval estatal: La meta institucional es ratificar el decreto en al menos 17 congresos locales antes del 3 de junio, permitiendo su publicación inmediata en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los ejes de la reingeniería: ¿Qué cambia en el modelo electoral?

Más allá del diferimiento de las fechas, la iniciativa plantea una profunda reestructuración del sistema de postulación y votación para evitar una jornada "inmanejable" debido al alto volumen de aspirantes.

1. Reducción drástica de candidaturas en la boleta

El esquema original permitía una saturación de nombres en las boletas. La nueva propuesta implementa un filtro numérico estricto: se reduce el límite a únicamente dos candidaturas finales por cada cargo y especialidad en disputa. Los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión evaluarán el perfil de los aspirantes y seleccionarán cuatro semifinalistas; posteriormente, mediante un proceso de insaculación pública, se definirán los dos nombres definitivos que aparecerán en la boleta.

2. Distritación por especialidades y veto partidista

El Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de segmentar el territorio nacional en distritos judiciales específicos. El propósito técnico es que cada ciudadano vote únicamente por un juez y un magistrado adscritos a la materia o especialidad que corresponda a su demarcación. Asimismo, se ratifica la prohibición absoluta para que los representantes de los partidos políticos intervengan o fiscalicen las casillas de la contienda judicial.

3. Creación de una Comisión Coordinadora Única

Con el fin de homologar los criterios de selección, se instituye la Comisión Coordinadora de los Comités de Evaluación. Esta instancia transinstitucional obligará a que los filtros aplicados por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se sujeten a metodologías comunes respecto a requisitos mínimos como promedio académico, títulos en Derecho, exámenes de conocimientos prácticos y evaluación de "buena fama pública".

El factor de la revocación de mandato concurrente

Un elemento coyuntural integrado en la propuesta de Luisa María Alcalde es la adecuación jurídica para que la elección de jueces y magistrados pueda celebrarse de forma concurrente con una eventual consulta de revocación de mandato presidencial en 2028, regulada por el artículo 35 constitucional. De cumplirse los requisitos ciudadanos para activar dicho mecanismo de democracia directa, el año 2028 se convertirá en el periodo de mayor densidad electoral e intensidad política de la historia reciente del país.