Nuevas reglas para remesas: pedirán documentos

CIUDAD DE MÉXICO. Los migrantes mexicanos en Estados Unidos mantienen intacto su derecho a enviar remesas a sus familias, desmintiendo las versiones que circulan en plataformas digitales sobre un supuesto bloqueo financiero o la exigencia de un estatus legal migratorio para realizar los envíos. Sin embargo, las reglas del juego cambiaron: una nueva regulación fiscal federal en EE. UU. aplica, a partir de este año, un impuesto del 1% exclusivamente a las operaciones en efectivo y ventanilla, mientras que las transferencias digitales quedan completamente exentas.

El ajuste financiero no condiciona el servicio a la presentación de una residencia legal o ciudadanía. Las agencias remesadoras y bancos continúan operando bajo los criterios de seguridad habituales, aceptando documentos de identidad emitidos por el gobierno mexicano, como el pasaporte o la matrícula consular, como comprobantes válidos para procesar el dinero.

La nueva disposición legal busca desincentivar el uso de dinero en efectivo para combatir el lavado de activos y registrar de mejor manera los flujos financieros. Por esta razón, el cobro del 1% afecta solo a quienes acuden con billetes físicos, cheques de caja o money orders a los mostradores tradicionales de envíos.

En contraste, el ecosistema de remesas digitales —que incluye aplicaciones móviles, transferencias de cuenta a cuenta y el uso de tarjetas de débito o crédito— mantiene una tasa impositiva del 0%. Esta diferencia ha acelerado la adopción de herramientas bancarias digitales entre la comunidad migrante, apoyada por iniciativas de inclusión financiera del gobierno mexicano, como la Tarjeta Paisano, diseñada para facilitar la transición hacia la banca electrónica y proteger el valor del dinero enviado.

El flujo de remesas hacia México representa uno de los pilares económicos más importantes para miles de hogares, por lo que especialistas en economía recomiendan a los connacionales migrar sus hábitos de envío hacia plataformas digitales para evitar el cobro de la nueva tasa impositiva y optimizar los costos de comisión.