
LA HABANA.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó categóricamente la imputación penal que el gobierno de Estados Unidos emitió en contra del exmandatario Raúl Castro Ruz, calificándola como una "acción política" carente de base jurídica. De acuerdo con el jefe de Estado de la isla, el proceso iniciado en Florida es una maniobra de manipulación mediática orientada a engrosar un expediente ficticio que sirva para justificar una inminente intervención militar en el país caribeño.
La respuesta de La Habana surge luego de que el fiscal general interino de EE. UU., Todd Blanche, formalizara los cargos contra Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas civiles en 1996 pertenecientes a la organización de exiliados "Hermanos al Rescate".
A través de sus canales oficiales, Díaz-Canel defendió la legalidad de la operación militar ejecutada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) a mediados de la década de los noventa, contraponiendo su versión a los señalamientos de Washington:
Soberanía territorial: El mandatario cubano afirmó que el derribo ocurrió en aguas jurisdiccionales de Cuba y en legítima defensa, tras sucesivas y "peligrosas violaciones" del espacio aéreo por parte de la organización civil, a la cual tildó de grupo "narco-terrorista".
Avisos diplomáticos: Cuba aseguró que la administración estadounidense de aquel periodo fue alertada formalmente en más de una decena de ocasiones sobre las incursiones de las avionetas, haciendo "caso omiso" a las advertencias de seguridad.
Respeto al Derecho Internacional: Díaz-Canel enfatizó que existen "sobradas evidencias documentales" que demuestran que la isla no actuó de manera imprudente, acusando en contraparte a las fuerzas militares norteamericanas de ejecutar operaciones extrajudiciales contra embarcaciones civiles en las regiones del Caribe y el Pacífico.
La ampliación del caso jurídico en los tribunales estadounidenses se da en un momento crítico para la estabilidad interna de la isla, fuertemente afectada por el endurecimiento del bloqueo energético tras los eventos de Sudamérica:
Ampliación del caso de 2003: De acuerdo con el expediente judicial de la corte del sur de Florida, la nueva acusación suma a seis señalados —incluido Raúl Castro— a una causa penal originalmente abierta en 2003 contra tres oficiales militares cubanos que nunca fueron extraditados.
Afectación económica: El cerco judicial coincide con una profunda crisis de abastecimiento de alimentos y combustibles en la isla, agudizada tras la reciente incursión militar de EE. UU. en Caracas que culminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El Ejecutivo cubano cerró su posicionamiento describiendo la trayectoria de Raúl Castro como la de un "estadista con altura ética", cuyo escudo moral frente al pueblo imposibilitará el éxito de las presiones de la Casa Blanca. Con este cruce de declaraciones, la relación bilateral entra en una de sus fases más inciertas y volátiles de las últimas décadas.



