Declaran prófugo a dueño del Crematorio Plenitud

CHIHUAHUA, Chih.- Un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos declaró formalmente prófugo de la justicia a José Luis A. C., propietario del establecimiento Crematorio Plenitud, tras desacatar un mandato judicial e inasistir a una audiencia de revisión de medidas cautelares programada para este miércoles. Ante la ausencia del imputado, la representación social del Ministerio Público inició de inmediato los trámites correspondientes para la emisión de una nueva orden de aprehensión en su contra.

El empresario enfrenta un proceso penal de alta relevancia pública por su presunta responsabilidad en el delito de ocultamiento y conservación ilegal de cadáveres.

Certeza jurídica en las notificaciones

Durante el desarrollo de la sesión jurídica, la cual tuvo una duración breve debido a la incomparecencia, el Tribunal constató que los protocolos de citación se ejecutaron con estricto apego al Código Nacional de Procedimientos Penales:

Validación de la defensa: Los propios abogados particulares de José Luis A. C. reconocieron ante el juzgador que la notificación formal les fue entregada de manera oportuna y correcta, manifestando no tener observaciones ni recursos de queja sobre el procedimiento de citación.

Canales de localización: El juez encargado de la causa precisó que el procesado fue debidamente notificado mediante cédulas físicas entregadas en dos domicilios distintos previamente registrados, así como a través de una línea telefónica autorizada por su defensa.

El origen del expediente: El hallazgo de 2025

El proceso legal que se le sigue al propietario de la empresa funeraria se remonta al 26 de junio de 2025, fecha en la que agencias de investigación del Estado y peritos de la Fiscalía General realizaron una inspección ministerial en las instalaciones de la compañía. En dicho operativo, las autoridades localizaron un total de 386 cuerpos embalsamados y almacenados de manera ilegal, lo que dio inicio a las carpetas de investigación correspondientes.

A pesar de haber obtenido una liberación provisional previa, las autoridades federales determinaron en febrero de 2026 la revocación definitiva del amparo que lo protegía. Dicha resolución constitucional obligaba a la revisión de sus condiciones de reclusión domiciliaria o firma periódica; al quebrantar este mandato, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) reactivará las brigadas de localización y captura a nivel estatal y nacional.