
CIUDAD DE MÉXICO.– La senadora de la República por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez García, emitió un posicionamiento adverso en contra de su homólogo de la bancada de Morena, Javier Corral Jurado, derivado de la reunión privada que este último sostuvo en Culiacán con el legislador con licencia Enrique Inzunza Cázarez. A través de sus canales oficiales de comunicación digital, la representante del bloque opositor descalificó el encuentro institucional, vinculándolo con presuntos acuerdos de impunidad y omisiones de fiscalización frente a las estructuras criminales que operan en la región del Pacífico.
La legisladora sonorense extendió sus señalamientos hacia el ámbito diplomático y de procuración de justicia del extranjero, sugiriendo de forma formal la necesidad de que agencias internacionales de inteligencia incorporen a los funcionarios señalados en sus bitácoras de revisión de seguridad transnacional.
La argumentación de la bancada de Acción Nacional fijó una postura crítica respecto a los vectores de movilidad de los integrantes de la mayoría parlamentaria:
Denostación de la idoneidad: Téllez García catalogó de forma severa el acercamiento entre los senadores morenistas, acusando la existencia de un presunto esquema de protección institucional mutua que denominó "narcopacto", desestimando los argumentos de transparencia y legalidad que Javier Corral expuso de forma previa para justificar su traslado a Sinaloa.
Llamado a la fiscalización exterior: La senadora albiazul apeló de forma pública a figuras del entorno diplomático estadounidense, haciendo alusión a perfiles como el del exembajador Christopher Landau, argumentando que las dependencias de control penal de los Estados Unidos deberían mantener bajo vigilancia los perfiles de ambos representantes por presunta coparticipación pasiva con la delincuencia organizada.
El diferendo mediático entre Lilly Téllez y Javier Corral se suscita a escasos días de que dé inicio el Periodo Extraordinario de Sesiones en el Congreso de la Unión, espacio donde las fracciones parlamentarias confrontarán los proyectos de reforma del Ejecutivo Federal. La disidencia panista adelantó que mantendrá una línea de rigurosa fiscalización sobre el quórum de la Cámara alta, cuestionando la validez ética de los votos emitidos por legisladores que cuenten con mandamientos judiciales o alertas internacionales activas.



