
CIUDAD JUÁREZ, Chih.– El senador por Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, compareció formalmente ante las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en esta frontera para interponer una denuncia penal en contra de diversos funcionarios del Gobierno del Estado de Chihuahua, incluida la mandataria María Eugenia Campos Galván. El recurso jurídico se deriva de los bloqueos vehiculares y cierres carreteros registrados el pasado sábado 16 de mayo, los cuales, de acuerdo con la parte actora, obstruyeron de forma deliberada el libre tránsito y el derecho a la manifestación ciudadana.
El legislador federal acudió respaldado por un contingente de ciudadanos y profesionales del derecho para formalizar la entrega del expediente de pruebas documentales y videográficas, solicitando la apertura inmediata de las carpetas de investigación correspondientes.
El pliego formal presentado ante el Ministerio Público de la Federación delimita responsabilidades específicas sobre el diseño y ejecución de los bloqueos en los accesos a la capital:
Alcance de las imputaciones: La denuncia incluye al director general de la Junta Central de Aguas y Saneamiento (JCAS), Mario Mata Carrasco; a Luis Delgado; al presidente municipal de Delicias, Jesús Valenciano García; y a la regidora del Partido Acción Nacional (PAN) en el mismo municipio, Alexa Jiménez.
Criterios delictivos: El equipo legal de Morena busca que se finquen responsabilidades por los delitos federales de sabotaje, conspiración, ataques y obstrucción a las vías generales de comunicación, así como traición a la patria, este último imputado de forma directa a la titular del Ejecutivo estatal.
Durante su intervención ante los medios de comunicación, Loera de la Rosa calificó los hechos como un suceso inédito en la historia política local, argumentando que las propias estructuras institucionales del Estado fueron utilizadas de forma coactiva:
Vulneración constitucional: El senador expuso que durante la jornada del sábado pasado, fecha en que su partido había convocado a una marcha civil, se violentaron de forma flagrante las garantías individuales consagradas en la Carta Magna, específicamente el derecho al libre tránsito.
Soporte ciudadano: Integrantes de los sectores civil y académico, representados por el docente Rigoberto Martínez, secundaron el posicionamiento señalando que la demanda busca defender los derechos más elementales del marco republicano, exigiendo que las autoridades de la FGR citen a comparecer a los funcionarios señalados a fin de esclarecer el origen y las órdenes operativas que motivaron los cierres viales.



