
CIUDAD DE MÉXICO.– La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, externó su respaldo institucional a la iniciativa de reforma constitucional promovida por el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, la cual busca decretar la nulidad formal de procesos electorales locales o federales cuando se compruebe la intervención de entes o gobiernos extranjeros. Durante su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo federal calificó el proyecto de ley como una "buena iniciativa", abriendo las vías para su dictaminación en las comisiones dictaminadoras del Congreso de la Unión.
El posicionamiento de la mandataria federal se presenta en un marco de alta tensión bilateral, derivado de las peticiones de extradición y órdenes de aprehensión provisionales emitidas por el gobierno de los Estados Unidos en contra de ciudadanos mexicanos vinculados a la función pública.
El proceso de presentación del proyecto de decreto reflejó los canales de comunicación interna entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo:
Consulta técnica: Ricardo Monreal Ávila turnó de manera previa una nota informativa a la oficina de la presidencia para conocer la viabilidad técnica del articulado antes de su formalización en la tribuna.
Ausencia de directrices: La presidenta de la República aclaró de forma documental que su administración no ejerció una política de "línea" o imposición en la redacción de la ley, permitiendo el libre ejercicio legislativo de la cámara baja. "Está interesante. Ayer me mandó una nota y me preguntó qué me parecía (...) Me parece bien, la verdad, creo que es una buena iniciativa", precisó.
La aceleración de esta reforma en materia judicial-electoral coexiste con una serie de normativas paralelas dictadas desde el centro del país para filtrar los perfiles de los aspirantes a cargos de elección popular. Esta estrategia responde de forma directa a la reciente solicitud formal de la justicia estadounidense para detener provisionalmente a diez ciudadanos mexicanos acusados de presunto contubernio con organizaciones de narcotráfico transnacional.
Entre los perfiles señalados por las agencias del país vecino se encuentra el gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Respecto a esta situación, las autoridades del Ejecutivo federal confirmaron que el mandatario sinaloense permanece bajo un esquema extraordinario de resguardo y protección por parte de elementos de seguridad federales y estatales, medida institucional dispuesta con la finalidad de salvaguardar su integridad física y preservar su vida mientras se desahogan los requerimientos de los tribunales correspondientes.



