
Chihuahua.- La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acudió a Tijuana para sostener una reunión con Verónica Ruffo e integrantes del Comité Plural en Defensa de los Derechos de Ernesto Ruffo.
A través de un mensaje difundido en plataformas digitales, la mandataria estatal emitió un posicionamiento enfocado en el respeto a las garantías individuales, la presunción de inocencia y el debido proceso dentro de las indagatorias que enfrenta el exgobernador de Baja California.
Los detalles sobre la situación jurídica del imputado, los cargos atribuidos por la autoridad federal y las reacciones políticas se desglosan a continuación:
Estatus procesal y cargos imputados:
Detención e institución ejecutora: Ernesto Ruffo fue aprehendido el pasado 16 de julio en la ciudad de Ensenada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Delitos señalados: La representación social lo investiga por su probable participación en delincuencia organizada y contrabando de combustible.
Vínculo corporativo: Las investigaciones del Ministerio Público Federal relacionan el caso con la empresa Ingemar, entidad comercial en la que el imputado figura como accionista mayoritario.
Lugar de reclución: Tras su detención, fue trasladado e ingresado a un centro federal de readaptación social de máxima seguridad.
Posicionamiento de la gobernadora de Chihuahua:
Marco legal exigido: Campos Galván señaló que su intervención se centra en solicitar que las instituciones garanticen el debido proceso, la presunción de inocencia y la atención médica adecuada para el procesado, de 74 años de edad.
Garantías ciudadanas: Argumentó que la exigencia de un juicio apegado a la legalidad constituye un principio aplicable a la ciudadanía en general frente a las determinaciones del Estado.
Antecedentes y respaldos manifestados:
Pronunciamientos previos: Desde el inicio del procedimiento penal, diversos integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, han hecho públicas sus posturas a favor de la revisión de las medidas cautelares aplicadas al exmandatario bajacaliforniano.



