
México.- La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el convenio de cooperación y seguridad fronteriza suscrito en el año 2022 entre los gobiernos estatales de Chihuahua y Texas será sometido a una revisión técnica y jurídica integral. El objetivo de este análisis ministerial es determinar si el documento —firmado de manera directa entre administraciones subnacionales— incurre en alguna transgresión a la Ley de Seguridad Nacional o invade las facultades exclusivas de la Federación en materia de política exterior.
Durante su conferencia de prensa, la mandataria nacional aclaró que, si bien su administración respalda los esquemas de colaboración regional enfocados en el desarrollo, estos deben ceñirse estrictamente al marco constitucional vigente, operando siempre bajo la coordinación de las instancias federales competentes.Alcances del escrutinio técnico y atribuciones federales
La evaluación del instrumento jurídico firmado en la administración previa con el gobierno texano se desahogará bajo criterios de control constitucional:
Ausencia de comités federales: La presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó que el acuerdo en cuestión fue estructurado de manera directa entre ambos estados fronterizos, sin que en las actas constitutivas figurasen las secretarías de Estado mexicanas del ramo exterior o de seguridad pública.
Criterio de legalidad: La mandataria puntualizó que cualquier tratado, convenio o memorándum de entendimiento que involucre la vigilancia de las líneas divisorias internacionales o el control migratorio debe respetar la jerarquía normativa de la Federación.
Línea ideológica y soberanía: Al margen del desglose técnico-jurídico, expuso una postura crítica respecto a las visiones políticas que priorizan los lineamientos dictados desde el extranjero por encima de las estrategias nacionales de desarrollo, reiterando que la colaboración bilateral nunca debe condicionar la soberanía del Estado mexicano.
El análisis de este expediente cobra relevancia en el contexto de la franja fronteriza norte, donde los flujos comerciales y las dinámicas migratorias de la región Juárez-El Paso impulsan de manera constante a los gobiernos locales a buscar mecanismos de agilización en los cruces internacionales. De acuerdo con especialistas en derecho internacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos restringe a las entidades federativas la posibilidad de celebrar alianzas o tratados con potencias extranjeras de manera independiente.
La revisión gubernamental buscará delimitar si el memorándum de 2022 califica meramente como un acuerdo de concertación económica institucional o si sus cláusulas operativas en materia de inspecciones viales secundarias interfieren con las facultades aduaneras y de defensa nacional encomendadas a la federación.



