
CIUDAD JUÁREZ, Chih.– Integrantes del colectivo civil Frente Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional promovieron formalmente seis juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación en contra de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván. Los recursos de control constitucional controvierten dos directrices específicas de la administración estatal: cinco de las demandas reclaman la presunta autorización e injerencia de funcionarios operativos y agencias de seguridad estadounidenses en territorio chihuahuense, mientras que el sexto expediente señala presuntos bloqueos viales para inhibir una movilización política celebrada el pasado 16 de mayo en la capital del estado.
Las demandas ciudadanas buscan que los Juzgados de Distrito analicen la convencionalidad y constitucionalidad de las determinaciones del Ejecutivo local, en medio de la controversia que sostienen las fracciones parlamentarias en la entidad por salvaguardar el federalismo.
Los portafolios jurídicos presentados por la organización civil desglosan los hechos que, a su criterio, vulneran el marco rector de la nación:
Eje de seguridad internacional: Cinco de los amparos se fundamentan en reclamos por la supuesta presencia de agentes adscritos a dependencias de inteligencia y procuración de justicia de los Estados Unidos operando en la entidad federativa. Los quejosos argumentan que el diseño de políticas de seguridad con actores extranjeros es una facultad exclusiva de la Federación, por lo que las acciones locales podrían invadir competencias de la soberanía nacional.
Restricción al libre tránsito: El último de los recursos legales reclama la presunta implementación de cercos policiacos y bloqueos de infraestructura vial durante las movilizaciones del pasado sábado 16 de mayo. Según los promoventes, estas maniobras de contención operadas por las corporaciones estatales limitaron el ejercicio de los derechos de asociación, libre manifestación y tránsito de los simpatizantes del partido Morena.
La presentación de estos amparos se desahoga en un entorno de alta fricción legislativa en el estado. Previamente, las dirigencias del partido Morena anunciaron la intención de formalizar una solicitud de juicio político y desafuero en contra de la gobernadora Campos Galván, argumentando desacatos a las directrices de la política exterior mexicana. Por su parte, gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN) han manifestado su respaldo público a la mandataria estatal, encuadrando los señalamientos como parte de una estrategia estrictamente electoral.
Los Juzgados de Distrito radicados en la entidad determinarán en las próximas horas la admisión formal de las demandas y resolverán sobre la concesión de las suspensiones provisionales. De otorgarse los fallos, la administración estatal estará obligada a rendir sus informes justificados correspondientes para defender la legalidad de sus actuaciones institucionales durante este mes de mayo de 2026.



