
MONTERREY, N.L.– El excoordinador de Enlace Legislativo de Petróleos Mexicanos (Pemex), Mauricio Montemayor Rodríguez, fue denunciado formalmente ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por su presunta responsabilidad en el diseño y ejecución de un esquema de defraudación financiera que supera los 100 millones de pesos. De acuerdo con los elementos que integran el recurso jurídico, el también empresario utilizaba su antiguo perfil en la administración pública federal para captar inversiones destinadas a la supuesta obtención de concesiones y estaciones de servicio de combustible en el noreste del país.
El equipo legal de las víctimas, encabezado por el litigante Pedro Moreno, solicitó al Ministerio Público el desahogo de diligencias complementarias con el propósito de judicializar la carpeta de investigación y solicitar una orden de aprehensión ante un Juez de Control en las próximas horas.
La querella detalla los mecanismos de persuasión e ingeniería financiera utilizados para atraer los activos de empresarios del municipio de San Pedro Garza García:
Promesa de mercado: A través de las razones sociales Petroland, S.A. de C.V. y Mexicana de Energía para la Industria, S.A. de C.V., el imputado ofrecía portafolios de inversión enfocados en la importación de hidrocarburos, así como en la apertura, distribución y operación de estaciones de servicio gestionadas por sus empresas.
Mecanismo de enganche: Montemayor Rodríguez presuntamente capitalizaba su trayectoria en la Unidad de Enlace Legislativo de la paraestatal y una supuesta influencia ante la Secretaría de Energía (Sener) para dotar de legitimidad institucional a los proyectos.
Cierre de operaciones: Héctor Briones, uno de los principales afectados tras aportar junto con su familia un capital semilla de 40 millones de pesos, denunció que las empresas desmantelaron sus oficinas corporativas y suspendieron toda comunicación de forma intempestiva. "Todo se manejó como un esquema piramidal. Al final fue un engaño; desaparecieron de la noche a la mañana, vaciaron oficinas y dejaron de responder", precisó.
La representación legal de la parte afectada informó que tras agotar los intentos de localización del empresario mediante la verificación de sus domicilios fiscales registrados y contactos familiares, se procedió a la vía penal. El Ministerio Público del Estado se encuentra desahogando las periciales contables obligatorias para fijar formalmente el monto total del menoscabo financiero.
Al configurarse conductas que presuntamente encuadran en el delito de fraude agravado por la multiplicidad de víctimas, el caso será encauzado bajo las reglas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. La defensa de los inversionistas buscará asegurar que, una vez concedida la orden de captura, se apliquen las medidas cautelares de carácter real para congelar activos de las sociedades mercantiles Petroland y Mexicana de Energía, garantizando la restitución del patrimonio de las familias afectadas durante este mes de mayo de 2026.



