
CULIACÁN, Sin.– El senador de la República por el estado de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, sostuvo una mesa de trabajo de carácter privado con su homólogo de bancada y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. El encuentro se desahogó este viernes 22 de mayo de 2026 en las instalaciones del Country Club de esta ciudad capital; evento que cobra relevancia institucional debido a que Inzunza Cázarez figura en un listado de perfiles bajo investigación federal por presuntos vínculos operativos con organizaciones criminales del Pacífico.
El registro visual del encuentro fue difundido en plataformas digitales por agencias de información y comunicadores, confirmando los vectores de movilidad del legislador en la región norte del país en medio de los requerimientos jurisdiccionales internacionales vigentes.
Las bitácoras de seguimiento político detallan que la reunión con el exmandatario chihuahuense forma parte de una agenda de traslados locales en la capital sinaloense:
Inspección domiciliaria previa: Veinticuatro horas antes de ser localizado en el complejo del Country Club, Inzunza Cázarez acudió al domicilio particular del gobernador constitucional del estado, Rubén Rocha Moya, ubicado en el sector habitacional de la Isla Musala, consolidando acuerdos sobre los relevos y la conducción del orden público en la entidad.
Pliego de acusaciones federales: El expediente de investigación, desahogado por agencias ministeriales y un gran jurado, asocia al senador con licencia y al mandatario sinaloense, junto con una decena de cuadros de la estructura partidista local, de operar como presuntos facilitadores logísticos para la facción delictiva denominada "Los Chapitos".
El marco legal del diferendo legislativo fue validado previamente desde Palacio Nacional por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien confirmó en sus comparecencias matutinas que las dependencias de procuración de justicia de la Federación mantienen vigentes los esquemas de colaboración transnacional. Los expedientes de control penal detallan las siguientes variables de fiscalización:
Activación de fichas rojas: La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) mantiene vigentes las alertas de localización y captura en contra de los funcionarios de la entidad, con el objetivo de limitar sus desplazamientos hacia el extranjero y asegurar su comparecencia ante los tribunales de control.
Defensa institucional: Los legisladores implicados han manifestado de forma unificada que las carpetas de investigación derivan de una estrategia de presión institucional coordinada por agencias externas, argumentando la inmunidad parlamentaria que les otorgan sus cargos de elección popular.



