
MONTERREY, N.L.– La Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado de Nuevo León aprobó por mayoría de votos dar inicio formal a las fases procedimentales para someter al gobernador Samuel García Sepúlveda a tres juicios políticos simultáneos. Los dictámenes sancionatorios toman como base jurídica dos sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que señalan al mandatario estatal por presuntas violaciones constitucionales y el desvío de recursos públicos durante el proceso electoral de 2024.
El procedimiento legislativo faculta al pleno de la asamblea para aplicar sanciones administrativas que, de alcanzar la votación calificada reglamentaria, contemplan la destitución del cargo y la inhabilitación temporal para ejercer funciones en el servicio público.
La aprobación de los dictámenes activa una ruta crítica de fiscalización que obliga a la compulsa de expedientes con autoridades del orden federal:
Plazo perentorio de instrucción: El marco legal establece un término de 10 días hábiles para que el TEPJF, el Instituto Nacional Electoral (INE) y diversas dependencias del Ejecutivo de Nuevo León remitan al Congreso informes detallados sobre cualquier orden expresa del acusado que permita configurar una autoría material directa.
Causal de desvío: El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Carlos de la Fuente, fundamentó la viabilidad del juicio argumentando que los tribunales federales ya catalogaron al gobernador como infractor electoral por el uso indebido de la estructura estatal para respaldar la pasada campaña presidencial de su partido (Movimiento Ciudadano).
El desahogo del acuerdo en la comisión evidenció las fisuras y estrategias de los bloques partidistas al interior de la legislatura:
Bloque de Oposición (PAN-PRI-PRD): Al consolidar la mayoría de cinco votos, los legisladores impulsaron la reapertura de las causas del 2024, criticando la postura pasiva de otras fracciones y catalogando la abstención como un mecanismo de protección política hacia el Ejecutivo.
Fracción de Morena (Discrepancia Técnica): Los diputados Mario Soto (quien concluyó su periodo como coordinador de bancada el martes 19 de mayo) y Grecia Benavides (actual líder del grupo) justificaron sus tres abstenciones bajo un criterio de técnica jurídica. Sostuvieron que los plazos de ejecución para los tres juicios políticos ya prescribieron, por lo que darles trámite legislativo en este mes de mayo de 2026 otorgaría al gobernador la oportunidad de obtener exoneraciones directas o suspensiones definitivas vía amparo judicial por vicios en el debido proceso.



