
CIUDAD DE MÉXICO.– La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia "Maru" Campos Galván, rechazó de forma contundente la posibilidad de emitir una disculpa pública al Gobierno Federal como recurso para dirimir el actual diferendo político e institucional entre ambas esferas de gobierno. En entrevista para el diario nacional El Universal, la mandataria estatal afirmó que su administración ha actuado en estricto apego al Estado de derecho y en defensa de la soberanía de la entidad, catalogando la intención de Morena de promover un juicio político en su contra como una "amenaza institucional" que vulnera flagrantemente sus derechos fundamentales.
Campos Galván puntualizó que los señalamientos emitidos desde las plataformas de difusión del Ejecutivo Federal prejuzgan su responsabilidad administrativa y penal, violando las garantías constitucionales de presunción de inocencia.Argumentación constitucional frente a la amenaza de juicio político
La jefa del Ejecutivo chihuahuense desglosó los motivos por los cuales considera improcedente e irregular la ruta jurídica planteada por la representación legislativa del partido oficialista:
Cumplimiento normativo: "Yo no tengo por qué dar disculpas. Yo estoy haciendo mi trabajo, estoy apegada al Estado de derecho", sentenció, fundamentando sus decisiones en las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado de Chihuahua.
Vulneración procesal: Denunció que las autoridades federales dan por sentada una culpabilidad sin el desahogo previo de pruebas ni el veredicto de un tribunal competente, utilizando las conferencias de prensa matutinas como un mecanismo de sanción social anticipada.
Transparencia de agenda: Descartó de manera tajante el uso de suspensiones provisionales (amparos) o estrategias de repliegue operativo. Afirmó que su equipo de trabajo mantiene sus funciones públicas ordinarias y que su ubicación en la Ciudad de México es de acceso público.
Al ser cuestionada por las analogías que diversos analistas políticos realizan entre las indagatorias que pesan sobre su gobierno y la situación que enfrenta el estado de Sinaloa, la mandataria marcó una clara línea de demarcación técnica y de seguridad:
Estatus de gobernabilidad: Campos Galván afirmó que existen "todas las diferencias" estructurales, definiendo el panorama de Sinaloa como una región con dinámicas de delincuencia organizada expuestas de manera abierta y continua en la vía pública.
Vínculos institucionales: Señaló que, a diferencia de Chihuahua, las presuntas relaciones del gobernador sinaloense y miembros de su gabinete con corporaciones del narcotráfico transnacional constituyen información bajo análisis de agencias binacionales.
Mensaje a la ciudadanía: Concluyó dirigiendo un informe de tranquilidad a la población chihuahuense, reiterando que la prioridad del gobierno local es mantener el orden público, la paz social y la soberanía jurídica en los 67 municipios de la entidad frente a las presiones del centro del país.



