
CIUDAD DE MÉXICO.– El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés, emitió un pronunciamiento de alerta ante la iniciativa de reforma judicial en materia electoral presentada por el diputado federal de Morena, Ricardo Monreal Ávila. El proyecto oficialista plantea la nulidad formal de elecciones federales o locales ante cualquier indicio de injerencia extranjera; sin embargo, la oposición legislativa advirtió que la redacción de la propuesta abre la puerta a un control autoritario y esquemas de censura sobre los medios de comunicación y las plataformas digitales de redes sociales.
La iniciativa busca elevar a rango constitucional la invalidez de los comicios cuando se demuestre la intervención directa o indirecta de entes, gobiernos u organismos internacionales en los procesos democráticos del país.
El proyecto de decreto propuesto por la representación de Morena pretende establecer candados jurídicos para salvaguardar la soberanía del Estado mexicano, rigiéndose bajo los siguientes criterios de procedencia:
Sujetos restrictivos: La nulidad aplicará si se determina la injerencia de gobiernos extranjeros, organismos internacionales, entidades privadas, así como personas físicas o morales de origen fuera del territorio nacional.
Criterios de tipicidad: Para que proceda la invalidez del proceso electoral, la autoridad jurisdiccional deberá contar con pruebas plenas y fehacientes de que la conducta extranjera fue de carácter grave, dolosa y determinante para el resultado en las urnas.
En el marco de las deliberaciones en el Senado, Ricardo Anaya Cortés puntualizó que, bajo la validez de proteger la soberanía, la reforma carece de claridad operativa debido a la opacidad en la divulgación de las leyes secundarias, las cuales aún no han sido integradas formalmente a la Gaceta del órgano legislativo.
De acuerdo con el líder de la bancada panista, el riesgo normativo radica en que las interpretaciones legales sobre "intervención indirecta" puedan utilizarse como herramientas coercitivas para sancionar o censurar líneas editoriales, reportajes periodísticos y debates de opinión en redes sociales.
Asimismo, Anaya Cortés argumentó ante los medios que el trasfondo de acelerar esta iniciativa responde a un intento por restringir la difusión de las investigaciones y señalamientos emitidos desde agencias gubernamentales de los Estados Unidos respecto a presuntos vínculos con organizaciones delictivas de funcionarios y legisladores en el estado de Sinaloa.



