Delcy Rodríguez pide reformar la Ley Odio

CARACAS, VENEZUELA — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó formalmente a la Asamblea Nacional una reforma parcial de la polémica Ley Constitucional contra el Odio, instrumento legal promulgado por el propio régimen chavista en 2017. La iniciativa busca avanzar en la despenalización de diversas conductas y revisar una normativa que ha sido catalogada por organismos internacionales como una herramienta de censura y persecución política.

En una misiva dirigida con carácter de urgencia al titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, la funcionaria argumentó que la modificación normativa forma parte de una reestructuración del sistema de justicia penal orientada a fomentar la convivencia democrática y la confianza institucional. Posteriormente, durante un acto público en el estado Portuguesa, Rodríguez reconoció abiertamente que existió un "uso abusivo" y una mala aplicación del marco regulatorio durante los últimos años.

La legislación original fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente —órgano plenipotenciario presidido en su momento por la misma Delcy Rodríguez— tras las protestas ciudadanas de 2017. Con penas que alcanzaban hasta los 20 años de cárcel, el articulado incluyó severos mecanismos de bloqueo contra medios digitales, suspensión de concesiones radioeléctricas y multas administrativas, aplicadas con frecuencia contra periodistas, medios independientes y dirigentes opositores.

Ante el anuncio gubernamental, la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015 reaccionó con prudencia e insistió en que el proceso debe brindar garantías reales para la reinstitucionalización del país y la realización de comicios transparentes. Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de Periodistas y la ONG Provea rechazaron los retoque parciales y exigieron la derogación total del instrumento, alertando que mantener facultades administrativas punitivas continúa amenazando el ejercicio de la libertad de expresión.

El pedido de reforma se suma a los compromisos asumidos en las recientes mesas de diálogo con la oposición e impulsadas por la comunidad internacional. El Parlamento venezolano deberá debatir la propuesta oficialista en las próximas sesiones para definir el alcance real de las modificaciones legales en materia de libertad de prensa y derechos civiles.