
La defensa del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, aseguró este miércoles que ni siquiera la reciente investigación periodística de The New York Times aporta pruebas de que su cliente conociera o autorizara la participación operativa de agentes extranjeros en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en abril pasado.
Héctor Villasana, abogado del exfuncionario, afirmó en entrevista con medios locales que no existe una sola referencia en el reportaje del diario estadounidense que vincule directamente a Jáuregui con dicha autorización. Actualmente, el exfiscal permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, tras ser vinculado a proceso por el delito de traición a la patria.
El proceso penal deriva de un operativo realizado entre el 16 y el 19 de abril de 2026 contra un laboratorio clandestino de metanfetaminas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), en el despliegue habrían intervenido cuatro agentes extranjeros en funciones reservadas a instituciones mexicanas.
Omisiones administrativas vs. responsabilidad penal
Como parte de su estrategia legal, Villasana buscó separar las posibles omisiones administrativas de su defendido de una responsabilidad penal. Según el litigante, Jáuregui reconoció falta de diligencia al no tener pleno conocimiento de lo que ocurría dentro de la dependencia —motivo por el cual dejó el cargo—, pero insistió en que eso no acredita que avalara la intervención de personal estadounidense.
El reportaje de The New York Times centró parte de su investigación en los presuntos vínculos del exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, Guillermo Zuany Portillo, con personal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), señalando además que la gobernadora María Eugenia Campos tenía conocimiento de dichas actividades. Al respecto, la defensa de Jáuregui subrayó que las actuaciones de otros mandos no demuestran la implicación del entonces titular de la Fiscalía.
Plazos del proceso
Finalmente, Villasana informó que ya están en trámite los recursos de apelación tanto en el fuero estatal como en el federal, los cuales podrían tardar entre dos y cuatro meses en resolverse. Asimismo, precisó que el plazo de dos meses para la investigación complementaria vencerá alrededor del 23 o 24 de diciembre de 2026, periodo en el que el exfuncionario permanecerá en prisión preventiva.



