La carta oculta de Washington

Por Alessia Guerra

Las revelaciones de The New York Times sobre las operaciones de la CIA en Chihuahua difícilmente pueden interpretarse como simples filtraciones periodísticas. Su publicación representa también un mensaje político desde Washington hacia los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Maru Campos, en un momento en que la cooperación bilateral en materia de seguridad enfrenta cuestionamientos sobre sus límites, los acuerdos institucionales y las responsabilidades derivadas de la incursión en El Pinal, municipio de Morelos, en abril de 2026.

De acuerdo con las investigaciones del diario estadounidense, el exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo, habría coordinado durante meses el despliegue y la capacitación de agentes estadounidenses en colaboración con elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Una operación que, según las publicaciones, se desarrolló después de que Zuany recuperara una visa que anteriormente le había sido revocada. El dato adquiere especial relevancia por el escenario posterior: mientras en México permanece bajo reserva parte de la investigación federal y se procedió penalmente contra el exfiscal general César Jáuregui, quien permanece en prisión, Zuany se encuentra en Estados Unidos bajo custodia y protección del Departamento de Justicia.

El contraste abre una interrogante inevitable: ¿quién responde por las decisiones, los acuerdos y la cadena de mando que hicieron posible aquella operación? Mientras las autoridades mexicanas avanzan en sus propias investigaciones, las revelaciones estadounidenses colocan bajo escrutinio la participación de funcionarios estatales y el alcance de la colaboración con agencias extranjeras.

A este escenario se suman las versiones periodísticas sobre un supuesto desencuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Maru Campos a raíz del operativo, un episodio que la mandataria estatal ha rechazado públicamente al sostener que Zuany actuó por cuenta propia y sin autorización de sus superiores. Sin embargo, las explicaciones ofrecidas hasta ahora no han disipado las dudas sobre el conocimiento institucional que existía respecto de las actividades de los agentes estadounidenses.

Tampoco pasa inadvertida la postura del actual Fiscal del Estado de Chihuahua,  Gilberto Loya Chávez, quien reconoció la asignación de un piso en la Torre Centinela para el intercambio de inteligencia con agencias estadounidenses. Una declaración que vuelve inevitable examinar hasta dónde llegaban los mecanismos de cooperación, quién los autorizaba y bajo qué condiciones operaban.

Al final, el problema trasciende la actuación individual de un exfuncionario. Lo que está en juego es la transparencia de los acuerdos de seguridad entre México y Estados Unidos, la soberanía institucional y la responsabilidad política de quienes tenían la obligación de conocer y supervisar esas operaciones.

Porque si Washington decidió revelar información que compromete a funcionarios mexicanos mientras uno de los protagonistas permanece bajo su resguardo, la pregunta ya no es solamente qué ocurrió en El Pinal, sino qué sabe Estados Unidos que todavía no se ha explicado públicamente en México. Y, sobre todo, a quiénes alcanzarán las consecuencias políticas de esas revelaciones.