
CIUDAD DE MÉXICO — La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció la prohibición formal de exportar aguacate proveniente de huertas deforestadas o establecidas de manera irregular, una medida diseñada para frenar la expansión del crimen organizado en el sector agrícola del país.
La titular de la dependencia, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que la norma busca golpear las estructuras financieras de los grupos delictivos, los cuales han extendido sus operaciones desde el cobro de piso hasta la tala ilegal de bosques para la siembra y comercialización de este fruto hacia mercados internacionales como Estados Unidos.
El mecanismo de control operará principalmente en Michoacán y Jalisco —los dos estados con mayor producción aguacatera— a través de la expedición obligatoria de un certificado ambiental respaldado por reformas a la Ley Forestal, además del Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA), los cuales requerirán renovación periódica para autorizar los envíos al extranjero.
La intervención federal responde a investigaciones que revelan el desplazamiento forzado de comunidades y la devastación de zonas protegidas a manos del narcotráfico. Según datos oficiales e informes internacionales, hasta el 80% de los huertos en Michoacán fueron instalados de forma ilícita, en un contexto donde disputas entre cárteles han escalado la violencia y la extorsión contra los productores.
Con la entrada en vigor de estos certificados, el Gobierno mexicano busca certificar la trazabilidad ecológica del "oro verde", desarticular el financiamiento criminal derivado del despojo de tierras y proteger el acceso del producto nacional a los mercados globales bajo estándares de sustentabilidad y legalidad.









































































