EEUU afirma que el narco carcome a México

WASHINGTON, D.C. — El Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió que la gobernanza en México se encuentra profundamente corroída por el crimen organizado, particularmente en el estado fronterizo de Baja California. La severa declaración, realizada por el portavoz Tommy Pigott, se dio en el marco del anuncio de un masivo paquete de sanciones financieras dirigidas contra la red política y operativa del Cártel de Sinaloa.

Las medidas implementadas por la Administración estadounidense afectan directamente a 21 individuos y 25 entidades vinculadas a la organización criminal. Entre los sancionados destacan Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco” —actual líder de la facción Los Mayos—, así como diversos jefes de plaza, operadores financieros y exservidores públicos mexicanos acusados de recibir sobornos para otorgar protección policial e impunidad operacional al tráfico de fentanilo hacia territorio norteamericano.

En el núcleo de la red institucional señalada por las autoridades estadounidenses figuran operadores clave de Baja California. Destaca la inclusión de Carlos Alberto Torres Torres, exmarido de la gobernadora de la entidad, quien es acusado de entablar alianzas con la facción de "Los Rusos" en Mexicali. Asimismo, fueron sancionados Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y Rafael Buenrostro Martín, exagente aduanal, por facilitar la entrega y control de las fuerzas locales de seguridad al servicio del narcotráfico.

Para acelerar la captura de la cúpula de esta estructura transnacional, el gobierno norteamericano anunció recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de los jefes de plaza de Tijuana, Alfonso Arzate García ("Aquiles") y René Arzate García ("La Rana"), así como de Juan José Ponce Félix ("El Ruso"), operador principal en Mexicali.

El operativo, fundamentado bajo las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224 sobre proliferación de drogas y combate al terrorismo, fue ejecutado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en conjunto con la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (HSI). Con este golpe, Washington busca desmantelar la infraestructura política y económica que permite a los cárteles operar impunemente a lo largo de la frontera compartida.