"No hay nada que esconder": Maru por acusaciones de inmobiliaria

Chihuahua.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, rechazó de manera formal las acusaciones formuladas en su contra respecto a su situación patrimonial y aseguró que tanto sus declaraciones públicas de bienes como el ejercicio voluntario conocido como "3 de 3" constituyen pruebas plenas de transparencia ante la ciudadanía del estado. Al responder a los señalamientos sobre su vida pública, la mandataria estatal afirmó de forma categórica: "no hay absolutamente nada que esconder".

Aclaración legal sobre la participación en empresas

Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo estatal se presentaron como respuesta directa a una investigación periodística de circulación pública, en la cual se le vinculaba como presunta accionista mayoritaria dentro de una firma del ramo inmobiliario.

Al fijar su posicionamiento técnico e institucional, Campos detalló los siguientes criterios:

Cumplimiento de la ley: La mandataria afirmó que no se ocultó ningún tipo de información financiera o corporativa y que cada una de sus actuaciones se ha apegado estrictamente a los marcos normativos vigentes en la entidad.

Compromiso con el electorado: Manifestó que el respaldo ciudadano en las urnas conlleva la obligación de responder con total transparencia en el ejercicio del servicio público.

Calificación de las imputaciones: La gobernadora calificó las versiones difundidas en los reportes periodísticos como "una mentira vieja" y descartó la existencia de elementos de prueba idóneos que fundamenten irregularidades en su contra.

Estatus de la fiscalización y herramientas de transparencia

El marco de rendición de cuentas para los servidores públicos en el estado de Chihuahua contempla la entrega periódica de instrumentos de control patrimonial ante los órganos de fiscalización interna y las plataformas de acceso a la información.

La administración estatal reiteró que las plataformas de transparencia gubernamental se mantienen actualizadas y abiertas para la compulsa de cualquier ciudadano u órgano de auditoría que requiera verificar el historial de evolución patrimonial de los funcionarios de primer nivel.