Luchamos contra gobiernos de la muerte: Maru

Chihuahua.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, emitió un posicionamiento crítico hacia la política de seguridad y asistencia operada por el Gobierno Federal en la región de la Sierra Tarahumara. Durante un acto oficial en el municipio de Guachochi, la mandataria estatal contrapuso el modelo de gestión local frente a los resultados de la federación, señalando que los discursos de asistencia no han frenado los factores de violencia y criminalidad en las comunidades del sector serrano.

Declaraciones de la mandataria y la confrontación de modelos de gobierno

El pronunciamiento de la jefa del Ejecutivo estatal se centró en la necesidad de combatir el arraigo de grupos delictivos en las zonas indígenas de la entidad:

Crítica al concepto de bienestar: "Hay muchos retos en el estado y el país... les dicen que vienen a entregarles bienestar, pero acaban trayendo muerte", externó la gobernadora durante su intervención pública ante autoridades locales y cuerpos policiales.

Alineación discursiva: Campos Galván calificó a la actual administración estatal como un esquema humanista, fundamentado en la verdad y la defensa de la vida, el cual —afirmó— mantiene un combate abierto contra administraciones de corte omiso a las que denominó "gobiernos de la muerte".

Señalamientos de omisión: La titular del Ejecutivo chihuahuense enfatizó que este último esquema se caracteriza de forma prioritaria por "no tener reparo en pactar con los criminales", permitiendo dinámicas de desplazamiento forzado y despojo en la región.

Contexto del evento y despliegue del estado de fuerza estatal

Las declaraciones se registraron en el marco de una entrega integral de patrullas, motocicletas todo terreno, uniformes nuevos y herramientas tácticas operativas destinadas a fortalecer las labores diarias de vigilancia e intervención de 105 agentes de proximidad asignados a la Sierra Alta.

La mandataria recalcó que la presencia del Estado en los municipios de Guachochi, Batopilas, Chínipas, Guazapares, Morelos y Urique va más allá del equipamiento material, representando un compromiso por restablecer el estado de derecho y romper las inercias delictivas que afectan la economía y la integridad de los pueblos originarios.