
Baja California.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal la medida cautelar de prisión preventiva en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y siete personas más. El mandamiento judicial se deriva de una carpeta de investigación coordinada por el Ministerio Público Federal por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles bajo la modalidad de evasión fiscal.
A través de un comunicado oficial emitido este domingo, la institución precisó que la representación social, adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó cerca de un centenar de datos de prueba durante la audiencia inicial, la cual se extendió por más de 24 horas.
Las determinaciones del órgano jurisdiccional, las especificaciones técnicas del esquema investigado y el estatus procesal de los involucrados se desglosan a continuación:
Distribución de las medidas cautelares: El juzgador determinó que Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” cumplan la prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México. Por consideraciones de salud, José María “N” y Guillermo “N” permanecerán bajo resguardo domiciliario, mientras que Adriana “N” será recluida en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
Situación jurídica y ampliación de término: Tras el debate de los argumentos, la defensa técnica de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, mecanismo legal por el cual se pospuso de forma temporal la resolución sobre el auto de vinculación a proceso. La FGR recordó que a los investigados se les presume inocentes en tanto no se emita una sentencia condenatoria firme.
Relación de imputados formales: El expediente penal contempla las imputaciones directas contra Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, Armando Riestra Fernández, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Antonio Barrientos, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén.
Métricas y elementos materiales asegurados: La indagatoria federal inició en julio de 2025 bajo la coordinación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Las acciones periciales han derivado en el aseguramiento material de 129 ferrotanques y un volumen superior a los 15 millones de litros de hidrocarburo bajo sospecha de procedencia ilícita.
Mecánica del presunto quebrantamiento financiero: La hipótesis de la fiscalía señala un presunto esquema logístico operado a través de la persona moral denominada Ingemar, de la cual se señala al exmandatario como accionista principal. La firma habría participado en trámites aduanales mediante la declaración de datos falsos o incompletos respecto a los volúmenes reales introducidos al país. La FGR estima el menoscabo a la Hacienda Pública en una cifra superior a los 4 mil millones de pesos por omisión de contribuciones fiscales de un total de 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no reportados.
Posturas de los particulares: El exgobernador Ruffo Appel ha rechazado formalmente los cargos, argumentando que la empresa operaba estrictamente bajo el marco legal en actividades de logística y gestión aduanal. Por su parte, familiares del imputado publicaron pronunciamientos en plataformas digitales solicitando el respeto estricto a las garantías del debido proceso y al principio de presunción de inocencia.



