
CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) identificó un conglomerado criminal vinculado a la empresa Ingemar, en el que participa el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, actualmente detenido en el penal de El Altiplano.
La investigación señala que al menos 11 compañías simulaban operaciones para introducir y comercializar de manera ilegal gasolina y diésel en el país. El modus operandi consistía en el ingreso irregular de combustibles no declarados a las autoridades aduaneras, seguido de su distribución a través de entidades mercantiles. Cuatro de ellas fueron registradas como destinatarias finales: Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G. y Crismon Hidrocarburos y Derivados.
Las 11 empresas involucradas son: Ingemar, Servicios Portuarios, Dragados y Puertos, Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G., Crismon Hidrocarburos y Derivados, Descargas Ferroviarias del Norte, Lambrucar, Mapror de Hidrocarburos y Servicios Aduanales JR. Ingemar y Servicios Aduanales JR fueron utilizadas para materializar el ingreso ilegal de 163 ferrotanques con miles de litros de petrolíferos.
Durante el ejercicio fiscal 2025, Ingemar importó cantidades superiores a las autorizadas por la Secretaría de Energía. Contaba con permiso para 216 millones de litros de gasolina regular y 173 millones 280 mil litros de diésel, pero ingresó 760 millones 367 mil 578 litros de gasolina y mil 766 millones 708 mil 953 litros de diésel. El excedente totalizó más de 2 mil 137 millones de litros no declarados.
Las empresas simulaban actos para justificar la cesión y distribución de los productos, aparentando legalidad. Crismon Hidrocarburos y Derivados se encargaba de la colocación de la mercancía, emitiendo comprobantes fiscales a Gasolinera Faza por más de 89 millones de pesos.
Esta última está relacionada con una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Ninguna de las compañías analizadas, excepto Ingemar en su permiso original, contaba con autorizaciones vigentes de la Secretaría de Energía o de la Comisión Nacional de Energía para distribuir, comercializar o importar hidrocarburos. La FGR destaca que la estructura operativa se mantuvo sin los permisos correspondientes, lo que forma parte de la estrategia delincuencial detectada.



