
CHIHUAHUA, Chih.– Las diputadas y diputados del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua, la cual busca prohibir de forma expresa la circulación de vehículos todoterreno en cauces de arroyos, ríos, cuerpos de agua y zonas sujetas a protección ambiental.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes, una de las principales promoventes, detalló que la propuesta atiende a una solicitud formal de las organizaciones civiles Salvemos los Cerros de Chihuahua y Colectivo Sierra de Juárez. Las asociaciones plantearon la urgencia de fortalecer la legislación estatal ante las afectaciones ecológicas generadas por el tránsito motorizado en ecosistemas considerados de alta importancia ambiental para la entidad.
De acuerdo con la exposición de motivos, el tránsito constante de estos vehículos provoca la destrucción de la vegetación ribereña, la erosión del suelo y la alteración de los terrenos, reduciendo la capacidad de los cauces para conducir el agua y aumentando el riesgo de inundaciones. Asimismo, se advierte sobre los impactos por derrames de combustibles y aceites que contaminan el agua, la destrucción de nidos y madrigueras, el desplazamiento de fauna por contaminación acústica y la propagación de especies invasoras en las llantas de las unidades.
Respecto a la aplicación de la norma, Pérez Reyes explicó que, por el momento, el proyecto no contempla sanciones económicas o multas para quienes incumplan la disposición. Sin embargo, adelantó que buscarán una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Movilidad para evaluar la viabilidad técnica de implementar penalizaciones en el futuro.
La propuesta plantea modificar el artículo 47 Bis para suprimir el permiso actual que autoriza circular por arroyos secos, argumentando que estos espacios cumplen funciones esenciales en el desierto chihuahuense para la infiltración de agua hacia los mantos acuíferos. La reforma mantendría la autorización para que los vehículos todoterreno transiten por brechas y caminos de terracería regulados, pero restringiría su acceso a áreas naturales protegidas, zonas ribereñas y cuerpos de agua de competencia estatal.
En caso de ser aprobada por el pleno legislativo, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, otorgando un plazo de 180 días a las autoridades competentes para realizar las adecuaciones reglamentarias y desplegar campañas de señalización e información para la ciudadanía.



