
CHIHUAHUA, Chih.– El secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, formalizó el anuncio técnico de que la administración estatal interpondrá una denuncia penal ante el Ministerio Público tras detectarse la operación de una red delictiva dedicada a la falsificación de licencias regulatorias. Los informes oficiales exponen que el grupo de estafadores utiliza de manera ilegal la imagen institucional y los logotipos de las dependencias locales para exigir cobros indebidos de 15 mil pesos a propietarios de establecimientos comerciales, bajo la promesa de otorgar supuestos permisos estatales para la transmisión de los partidos de la Copa Mundial de Fútbol.
Manipulación de la identidad gráfica gubernamental: Durante la presentación de las minutas de correspondencia, Santiago de la Peña exhibió el material publicitario apócrifo que los delincuentes difunden mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Las seseñas de investigación de campo demuestran que los estafadores insertaron de manera ilegítima la heráldica y marcas de la Secretaría General de Gobierno y de la Dirección de Gobernación con el objetivo de simular que sus requerimientos económicos contaban con el aval y la certeza jurídica de la estructura central de la entidad.
Focalización del engaño en el ramo restaurantero: El vector del fraude se dirigió específicamente contra dueños de bares y restaurantes de la demarcación, aprovechando la proximidad de los calendarios deportivos transnacionales de la FIFA. Los delincuentes condicionaban la operatividad de las pantallas de televisión dentro de los locales comerciales a la compra de estas seseñas documentales de carácter falso, amenazando implícitamente con inspecciones o clausuras regulatorias inexistentes.
Delimitación de las facultades del Poder Ejecutivo: El secretario de Gobierno aclaró de forma contundente ante las tripulaciones de medios de comunicación que el Gobierno de Chihuahua carece de facultades legales para emitir permisos, realizar recomendaciones comerciales o regular las licencias relacionadas con los derechos de transmisión de eventos deportivos internacionales o de televisión de paga satelital. Los esquemas contractuales de dicha índole pertenecen de forma exclusiva al ámbito de los contratos civiles entre particulares y los consorcios de telecomunicaciones bajo la directriz de la federación.



