Afirma Sheinbaum que continúa investigación de CIAgate

CIUDAD DE MÉXICO.– El Gobierno de la República precisó que la carpeta de investigación que desahoga de forma autónoma la Fiscalía General de la República (FGR) se concentra de manera estricta en el ingreso y operación de agentes de inteligencia de los Estados Unidos en territorio nacional al margen de los procedimientos contemplados en la Ley de Seguridad Nacional. 

La titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que las indagatorias ministeriales atienden la presunta ejecución de tareas de seguridad pública y seguridad interior que, de acuerdo con el marco constitucional, corresponden de forma exclusiva a las corporaciones civiles y de las Fuerzas Armadas de México.

Delimitación de las líneas ministeriales: La Presidencia de la República aclaró de forma institucional que la administración federal no cuenta con elementos o informes que sustenten hipótesis ajenas a lo asentado de forma técnica en las bitácoras forenses. 

El objeto central del procedimiento contencioso radica en documentar de qué forma y bajo cuáles autorizaciones locales ingresó el personal estadounidense al país para desarrollar actividades tácticas de campo sin las debidas acreditaciones del gabinete de seguridad federal.

Reserva del uso exclusivo de la fuerza pública: Las declaraciones de la mandataria enfatizaron que la legislación mexicana mandata que cualquier intervención vinculada al mantenimiento del orden, persecución del delito o despliegues tácticos de seguridad pública debe recaer únicamente en personal mexicano adscrito a la FGR, las policías estatales, la Guardia Nacional o las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

Activación del expediente por deceso: El conocimiento oficial de estos despliegues en el interior de la república se derivó a partir del reporte clínico y forense que confirmó el fallecimiento de dos de los agentes extranjeros adscritos a las operaciones de enlace. Este hallazgo motivó de forma automática la intervención de las fiscalías federales para el debido procesamiento de la escena, la recopilación de indicios y la tipificación de presuntas violaciones a los protocolos vigentes de la Ley de Seguridad Nacional.