Adán Augusto en lista de aspirantes a testigos protegidos de EU: Riva Palacio

México.- El senador de la República y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como el exgobernador Rutilio Escandón, fueron señalados en reportes de prensa como parte de un grupo de políticos mexicanos que estarían buscando integrarse a esquemas de testigos protegidos o informantes bajo la jurisdicción de las autoridades de los Estados Unidos. De acuerdo con análisis periodísticos difundidos en medios nacionales, este mecanismo tendría como fin aportar datos sobre presuntos actos de corrupción y vínculos institucionales con la delincuencia organizada a cambio de inmunidad o protección legal.

Origen de los señalamientos y perfiles institucionales

La información fue divulgada por el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna de análisis político Estrictamente Personal, publicada en el diario El Financiero. Los perfiles de los dos principales exfuncionarios mencionados comprenden una trayectoria de alto nivel en la administración pública federal y estatal de México:

Adán Augusto López Hernández: Se desempeñó como gobernador constitucional del estado de Tabasco y, posteriormente, ocupó la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fungiendo actualmente como miembro del Senado de la República.

Rutilio Escandón: Político de la misma corriente ideológica que ejerció la gubernatura del estado de Chiapas y que comparte vínculos de carácter familiar con el legislador tabasqueño.

El factor familiar y la operación fiscal

La columna subraya que la relación entre López Hernández y Rutilio Escandón posee un componente de afinidad familiar directo. Ambos estaban vinculados por Rosalinda López Hernández (hermana del primero y cónyuge del segundo), destacada política que ejerció las funciones de administradora general de Auditoría Fiscal Federal dentro del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con el reporte de El Financiero, la exfuncionaria del SAT era clasificada por las agencias del gobierno estadounidense como una persona de interés técnico en materia de fiscalización, derivado de su posición estratégica en el control de las auditorías federales y su presunta cercanía operativa con las actividades de su hermano en el servicio público. Hasta el momento, las autoridades judiciales de los Estados Unidos no han emitido un pronunciamiento oficial de carácter vinculante respecto a los procesos de colaboración referidos.