
CIUDAD DE MÉXICO – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió la presentación de "pruebas claras" ante las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La mandataria advirtió que, de no existir evidencias contundentes, las imputaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico deben considerarse un "objetivo político".
Durante sus declaraciones, Sheinbaum respaldó la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que señaló que hasta el momento no se han recibido pruebas que sustenten la solicitud de extradición contra el mandatario estatal.
"Sin pruebas, es evidente que estas acusaciones buscan golpear a nuestro movimiento", subrayó la presidenta.
Postura del Gobierno Federal
La administración federal ha mantenido una defensa cerrada del gobernador sinaloense, argumentando los siguientes puntos:
• Falta de evidencias: La Fiscalía General de la República (FGR) evalúa la información disponible, pero insiste en que no hay elementos sólidos que vinculen a Rocha con el Cártel de Sinaloa.
• Soberanía nacional: Sheinbaum calificó los señalamientos externos como un intento de violentar el orden constitucional y la soberanía del país.
• Respaldo político: El gobernador confirmó haber tenido comunicación directa con la presidenta, quien le reiteró su apoyo para continuar en el cargo y seguir con su agenda habitual.
El contexto de la acusación
El pasado 29 de abril, autoridades estadounidenses incluyeron a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios en una lista de acusaciones por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas. Entre los señalados también se encuentran el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y mandos policiales locales.
Proceso diplomático
La Cancillería mexicana prepara una queja diplomática ante la Embajada de Estados Unidos en México, mientras que la FGR revisa si los tratados internacionales obligan a proceder con la detención con fines de extradición, condicionando cualquier avance a la entrega de un expediente judicial formal y transparente por parte de Washington.



