
CDMX.- Un docente del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS), identificado como Alberto Israel Jasso Cruz, fue localizado sin vida el 21 de julio, tras registrarse un proceso de investigación penal en su contra iniciado una semana antes por el delito de abuso sexual.
El profesor dejó un testimonio en video previo a su deceso en el que expuso su postura respecto al procedimiento legal y el principio de presunción de inocencia.
Los detalles de las acusaciones, la postura difundida por el docente y el pronunciamiento del sindicato institucional se desglosan a continuación:
Antecedentes del caso y procedimiento legal:
Sujeto involucrado: Alberto Israel Jasso Cruz, docente con 25 años de trayectoria en el IEMS y cerca de diez años de servicio en planteles del Estado de México.
Denuncia: Una estudiante presentó un recurso legal en su contra por presuntos tocamientos indebidos, derivando en la apertura de una carpeta de investigación por parte de las autoridades correspondientes.
Posición manifestada por el docente:
Rechazo de cargos: En la grabación difundida, el profesor rechazó las imputaciones y señaló inconsistencias en el desarrollo de acusaciones dentro del ámbito académico.
Argumentación sobre el sistema de justicia: Manifestó que los costos económicos y de representación legal, aunados a la privación preventiva de la libertad y el señalamiento público, afectaban el principio de presunción de inocencia en este tipo de procedimientos.
Mensaje al sector docente: Exhortó a la comunidad académica a mantener distancia profesional en el trato con el alumnado para evitar situaciones de riesgo legal.
Pronunciamiento del Sindicato del IEMS:
Solicitud de investigación administrativa: El Sindicato de la Unión de Trabajadores del IEMS solicitó la realización de una indagatoria interna para revisar las actuaciones administrativas e institucionales relacionadas con la tramitación de la denuncia.
Exposición sobre garantías procesales: La representación sindical emitió un comunicado solicitando un marco normativo que garantice tanto la atención a las denuncias como el derecho a la defensa y el rigor en las investigaciones ministeriales.



