
México.- Un tribunal federal ha ordenado reponer el proceso penal en contra de Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, tras determinar la existencia de indicios fundados de tortura durante su detención en 1994. Esta resolución judicial no solo abre la puerta a una posible reducción de condena o libertad para Aburto, sino que faculta a la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar carpetas de investigación contra exfuncionarios y políticos de alto rango de la época, incluyendo al expresidente Carlos Salinas de Gortari y al exgobernador Manlio Fabio Beltrones.
El fallo se basa en la omisión de las autoridades de aquel entonces para investigar los tratos crueles e inhumanos denunciados por Aburto desde el inicio del caso.
Fallo del tribunal: Se determinó que las pruebas obtenidas bajo coacción invalidan partes fundamentales del proceso original, obligando a una revisión exhaustiva bajo los protocolos actuales de derechos humanos.
Protocolo de Estambul: La defensa de Aburto ha impulsado peritajes basados en estándares internacionales que confirman secuelas de tortura física y psicológica.
Situación jurídica: Mario Aburto, quien ha pasado más de tres décadas en prisión, podría ver un cambio drástico en su estatus legal este 2026, dependiendo de los nuevos desahogos de pruebas.
La reapertura del expediente por tortura implica investigar la cadena de mando y a quienes estuvieron presentes o tuvieron responsabilidad directa en el manejo del detenido tras el atentado en Lomas Taurinas.
Carlos Salinas de Gortari: Como jefe del Ejecutivo en 1994, la FGR analizará si hubo instrucciones directas para encubrir los abusos o dirigir la investigación hacia la tesis del "asesino solitario" mediante coacción.
Manlio Fabio Beltrones: El político sonorense ha sido señalado históricamente por haber tenido contacto con Aburto poco después del magnicidio; la nueva indagatoria buscará esclarecer su rol en los interrogatorios iniciales.
Otros implicados: La orden judicial alcanza a exagentes de la desaparecida Policía Judicial Federal y ministerios públicos que participaron en las diligencias iniciales en Tijuana.
Esta decisión ocurre en un contexto donde el Gobierno Federal ha insistido en la teoría del "Segundo Tirador" y en la revisión de los cabos sueltos del caso Colosio. Para analistas jurídicos, la reposición del proceso es una oportunidad inédita para desarticular la narrativa oficial construida hace 32 años y enfrentar la impunidad que ha rodeado al crimen político más grande del México moderno.
La FGR ha manifestado que actuará conforme a derecho, integrando las nuevas evidencias de tortura para determinar si existen elementos suficientes para llamar a comparecer a los actores políticos mencionados, marcando un precedente sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.



