Obliga la Corte al IMSS a entregar prótesis y aparatos auditivos a menores

México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está obligado a garantizar la entrega de dispositivos médicos y prótesis a niñas, niños y adolescentes con discapacidad. El fallo declara inconstitucional la normativa interna del instituto que excluía estos insumos, tras considerar que dicha restricción vulneraba derechos fundamentales.

Insumos que ahora serán obligatorios

A partir de esta resolución, el IMSS deberá integrar en su cobertura para menores los siguientes dispositivos:

Salud Visual y Auditiva: Anteojos, lentes de contacto, aparatos auditivos e implantes cocleares.

Movilidad y Rehabilitación: Prótesis y órtesis externas.

Alcance: El fallo tiene efectos generales, lo que significa que el beneficio no se limita a quienes interpusieron el recurso, sino a toda la población derechohabiente menor de edad que los requiera.

El debate presupuestario en el Pleno

La resolución de la acción de inconstitucionalidad 13/2025 generó posturas encontradas respecto a la viabilidad financiera del instituto:

Postura de la Corte: La mayoría de los ministros determinó que el artículo 42, fracción II, del Reglamento de Prestaciones Médicas era discriminatorio y atentaba contra el derecho a la salud.

Voto en contra: La ministra Lenia Batres defendió la exclusión de los insumos, argumentando que el IMSS carece de la "capacidad material y financiera" para proporcionarlos de forma masiva sin contar con una infraestructura y presupuesto etiquetado previamente.

Fallo definitivo: El Pleno desestimó los argumentos económicos, señalando que la falta de evidencia técnica no puede ser pretexto para negar el acceso a una vida digna para los menores con discapacidad.

Impacto para los derechohabientes

Con este fallo, los padres o tutores de menores que necesiten estos dispositivos ya no podrán recibir una negativa por parte del IMSS basada en su reglamento interno. El instituto deberá realizar los ajustes presupuestarios necesarios para cumplir con el mandato judicial, asegurando que la infraestructura médica y los procesos de adquisición incluyan estos insumos como parte esencial del tratamiento y rehabilitación de la infancia mexicana.