
EU.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve exfuncionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de colaborar con el Cártel de Sinaloa. A la par de la indagatoria, la FGR acusó al Gobierno de Estados Unidos de vulnerar el principio de confidencialidad al dar a conocer públicamente los cargos sin haber agotado los canales diplomáticos y jurídicos previos entre ambas naciones.
La FGR manifestó su extrañamiento ante la forma en que se desclasificaron los documentos en la corte de Manhattan:
Violación de Acuerdos: La Fiscalía mexicana señaló que la divulgación de las órdenes de arresto y las imputaciones antes de su entrega oficial constituye una falta de respeto a los protocolos de seguridad compartida.
Impacto en el Proceso: La autoridad federal argumentó que estas filtraciones pueden alertar a los implicados y entorpecer cualquier acción legal coordinada en territorio mexicano.
Queja Diplomática: Se informó que se enviará una comunicación formal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para exigir explicaciones sobre el manejo de la información.
La carpeta de investigación federal busca determinar si existen pruebas suficientes en México para proceder de manera independiente contra el grupo señalado:
Imputaciones Graves: Se investigan nexos para el tráfico de fentanilo, heroína y cocaína, así como la presunta recepción de sobornos para facilitar operaciones criminales.
Solicitud de Información: La FGR ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia de EE. UU. copia certificada de la acusación y las pruebas que sustentan los cargos contra los diez mexicanos.
El Factor del Fuero: En el caso del gobernador Rocha y el senador Enrique Inzunza, la FGR reconoció que se deberán seguir los procedimientos constitucionales de desafuero si la investigación escala a una orden de aprehensión local.
Esta respuesta de la FGR se alinea con la postura del embajador de EE. UU., Ronald Johnson, quien aunque no comentó el proceso específico, subrayó que la corrupción que ayude al crimen organizado será castigada bajo jurisdicción estadounidense sin importar el cargo. Mientras tanto, la bancada de Morena en el Senado ha cerrado filas en torno a los acusados, exigiendo "pruebas plenas" y acusando, al igual que la FGR, que el procedimiento ha carecido de rigor institucional.



