Hondureño interpone amparo vs la UACJ; le cobran 34 mil pesos de inscripción

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.– Emiliano, un joven migrante de origen hondureño que radica desde hace años en esta frontera y que aspira a convertirse en arquitecto, interpuso un juicio de amparo en contra de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) por la violación a sus derechos fundamentales a la educación y a la no discriminación. Esto debido a que la institución le impuso tarifas de inscripción diferenciadas y excesivas por el simple hecho de ser extranjero, según informó la asociación civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).

Al estudiante centroamericano, quien ha consolidado su proyecto de vida en Ciudad Juárez, la máxima casa de estudios juarense le exigía un pago de 34 mil 105 pesos para ingresar al Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA). Dicha cantidad contrasta con los aproximadamente 2 mil 250 pesos que se le cobran a los alumnos de nacionalidad mexicana.

De acuerdo con DHIA, organización que brinda el acompañamiento legal en el caso, el juez del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua emitió el pasado 2 de julio una suspensión provisional. Mediante esta resolución, se le ordenó a las autoridades de la UACJ emitir una nueva boleta de pago donde la tarifa corresponda exactamente a la que cubre una persona mexicana, garantizando así que Emiliano formalice su inscripción y curse de manera regular sus asignaturas de licenciatura.

Denuncian barreras económicas y discriminación

La asociación civil denunció de manera formal que el cobro de cuotas diferenciadas atenta directamente contra la igualdad sustantiva y el acceso a las aulas. “El derecho a la educación para todas las personas, la igualdad sustantiva y la no discriminación están contempladas en la Constitución Mexicana: el acceso a estos derechos no es protegido cuando para inscribirte a una carrera universitaria existen cuotas diferenciadas para personas mexicanas y extranjeras, sin ofrecer igualdad de oportunidades ni considerar el contexto de los aspirantes”, manifestaron.

DHIA precisó que el nombre real del estudiante fue modificado para proteger su identidad al difundir los hechos. Detalló que, aunque el joven nació fuera de las fronteras de México, ha vivido casi toda su vida en Ciudad Juárez y los ingresos económicos de su hogar corresponden al promedio de una familia mexicana, por lo que el cobro desproporcionado de la universidad representaba un obstáculo insalvable para iniciar sus estudios profesionales.

Estatutos universitarios no están por encima de la Constitución

Según consta en la demanda de amparo, el pasado 9 de junio Emiliano intentó reunirse con los directivos y autoridades de la UACJ con la finalidad de consultar las razones del incremento en el costo por motivo de su nacionalidad. Sin embargo, la única respuesta institucional que recibió fue que la tarifa se encontraba estipulada en los estatutos universitarios, sugiriéndole únicamente que solicitara una prórroga para saldar el monto total.

Ante esta negativa, los asesores legales recordaron que la autonomía de la que goza la universidad en materia de cátedra, gobierno y administración no la faculta para violentar las garantías individuales. Remarcaron que, con base en el artículo 1 constitucional y la tesis de jurisprudencia 119/2017, la autonomía universitaria debe maximizar el derecho a la educación y en ningún escenario puede colocarse por encima del bloque de constitucionalidad o de los tratados internacionales de los que México es parte en materia de no discriminación por origen étnico o nacional.

La organización de derechos humanos advirtió que el derecho a la educación de Emiliano continuará comprometido hasta que no se dicte una sentencia definitiva en los tribunales federales. De obtener un fallo favorable, este asunto sentaría un precedente jurídico trascendental para proteger los proyectos de vida de las personas en situación de movilidad y pondría sobre la mesa la urgencia de adoptar políticas públicas de integración real en el estado de Chihuahua.