Hasta 13 años de cárcel por ebrios al volante que provoquen muertes

Chihuahua.- El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una serie de modificaciones al Código Penal para incrementar las penas de prisión y las sanciones económicas dirigidas a conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias tóxicas que provoquen lesiones o la muerte de personas.

La iniciativa, presentada por la diputada Xóchitl Contreras (PAN), contempla un marco de penas agravadas que alcanza hasta los 13 años de prisión, dependiendo de la condición del conductor, la cantidad de víctimas y la tipificación del servicio de transporte.

Los detalles sobre la modificación de los rangos de sentencia, los agravantes estipulados y los criterios regulatorios se desglosan a continuación:

Incremento de sanciones por tipo de incidente y sujeto obligado:

Operadores de transporte público y de carga: En casos de homicidio imprudencial atribuible a choferes de este sector, la pena mínima y máxima pasa de 4 a 12 años a una escala de 4 a 13 años de prisión. En materia de lesiones, el rango se eleva de 3 a 10 años a 3 a 11 años de prisión.

Múltiples víctimas fatales: Cuando un conductor en tercer estado de ebriedad o bajo intoxicación provoque la muerte de dos o más personas, la sanción aplicable se ajusta de un rango anterior de 3.5 a 8 años a un nuevo esquema de 3 a 10 años de prisión, sumado a multas económicas.

Tercer estado de ebriedad o sustancias psicotrópicas: La sanción penal general por homicidio imprudencial bajo estas condiciones se modifica de 2 a 8 años a una pena de 2 a 9 años de privación de la libertad.

Nuevos agravantes y supuestos de aplicación:

Primer y segundo estado de ebriedad: Quien conduzca bajo estos niveles de alcohol y cause lesiones u homicidio, abandone a la víctima o exceda en más de 30 km/h el límite de velocidad permitido, enfrentará penas de 1 a 7 años de prisión y de 40 a 120 días de multa.

Objetivo de la reforma legislativa:

Adecuación del marco normativo: La modificación busca establecer consecuencias jurídicas proporcionales al riesgo generado en las vías públicas y disuadir la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes.