
EU.- El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general Gerardo Mérida Sánchez, ha sido aceptado formalmente como testigo cooperante —y potencialmente protegido— por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Tras declarar su "no culpabilidad" en una corte de Nueva York, fuentes oficiales confirmaron a EL UNIVERSAL que el exfuncionario ya entregó información estratégica para asegurar su integración al programa de beneficios judiciales, acelerando su proceso al no oponer resistencia a su traslado desde Arizona.
Mérida Sánchez se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, bajo el número de registro 62685-512, mientras su expediente es radicado en el Distrito Sur de Nueva York.
El pliego acusatorio (expediente S9 23 Cr. 180) detalla una red de complicidad institucional que permitía la operación impune de facciones del Cártel de Sinaloa. Según el DOJ, Mérida Sánchez desempeñó un papel crítico en la protección de la organización criminal:
Avisos de redadas: Se especifica que, durante 2023, el general advirtió a "Los Chapitos" sobre al menos 10 operativos en laboratorios de drogas. Esto permitió la evacuación de personal y sustancias antes de la llegada de las fuerzas del orden.
Información clasificada: Como titular de seguridad, proporcionó acceso a datos sensibles sobre investigaciones en curso y movimientos planeados por el Ejército y la Armada de México en casas de seguridad.
Omisión de funciones: La acusación sostiene que Sánchez recibió sobornos directos a cambio de no interferir con las operaciones de tráfico y garantizar que no se realizaran arrestos de miembros clave de la organización.
La entrega del exsecretario ocurrió de manera estratégica el pasado 11 de mayo, cruzando por la Garita de Nogales, Arizona, tras haber obtenido previamente un amparo en Michoacán para frenar su extradición, el cual quedó sin efecto ante su ingreso voluntario a EE. UU.
Custodia: Fue trasladado por los US Marshals Service desde Tucson hacia Nueva York este viernes.
Testigo Protegido: En caso de demostrar que su vida corre peligro debido a la información que posee sobre el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses, su estatus podría cambiar a protección total.
Confiscación de bienes: El DOJ busca que Mérida Sánchez y los otros nueve funcionarios implicados entreguen cualquier propiedad o ganancia derivada de sus presuntos nexos con el narcotráfico.
La transición de Mérida Sánchez a testigo cooperante representa una amenaza legal inmediata para el resto de los señalados en la acusación formal, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza. Al aceptar los términos de la fiscalía neoyorquina, el general se convierte en la fuente principal para validar los testimonios y pruebas documentales que vinculan a la administración estatal con la importación masiva de fentanilo, heroína y metanfetamina hacia los Estados Unidos.
El centro de detención donde se encuentra el general, el MDC Brooklyn, es conocido por albergar a figuras de alto perfil vinculadas al narcotráfico internacional, garantizando condiciones de seguridad administrativa extremas mientras se desarrollan las etapas de interrogatorio y preparación de pruebas.



