
MORELIA, Mich.– La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició las investigaciones correspondientes tras registrarse una agresión con armas de fuego que cobró la vida de dos autoridades de la Comisaría de Bienes Comunales de Pómaro y de dos integrantes del sector docente. El suceso, ocurrido en el tramo de la carretera federal 200 asignado a la Sierra-Costa, fue incorporado formalmente a las bitácoras operativas y ministeriales.
De acuerdo con las bitácoras de los servicios de emergencia, el incidente de seguridad se localizó a la altura de la población costera de Colola, donde civiles armados interceptaron un vehículo oficial de la representación ejidal, desencadenando movilizaciones preventivas por parte de fuerzas estatales y federales.
El desglose técnico de las actuaciones del Ministerio Público y los datos de campo recabados en el polígono vial detalla las siguientes variables:
Interceptación de la unidad oficial: Las víctimas mortales de la estructura ejidal fueron identificadas formalmente como Jerónimo García Flores y Lucas Flores Tolentino, quienes ejercían las funciones de asesor jurídico y tesorero de la comunidad de Pómaro, respectivamente. Ambos se trasladaban a bordo de una camioneta asignada a sus funciones cuando se registró la agresión.
Afectación a personal docente: En el mismo automotor viajaban dos profesionales de la educación originarios de la Meseta Purépecha, a quienes las autoridades comunales les habían facilitado el traslado en ruta. Un profesor falleció en el sitio de la agresión, mientras que una maestra fue evacuada con heridas graves y posteriormente se decretó su deceso en una clínica médica.
Las comisiones de seguridad ciudadana y las dependencias de gobernación del estado mantuvieron el monitoreo de los puntos de concentración civil antes del cierre de esta jornada.
Tras la confirmación de los hechos, la Comisaría de Bienes Comunales emitió una convocatoria para concentrar a la población en la localidad de Maruata. Por su parte, el presidente municipal de Aquila, José María Valencia Guillén, emitió un comunicado institucional donde condenó enérgicamente el ataque perpetrado, calificándolo como un acto inaceptable que enluta a la región. El edil solicitó de manera formal a las instancias estatales y federales el desarrollo de una indagatoria rápida, transparente y con pertinencia cultural.
Registros de analistas regionales señalan que la comunidad de Pómaro tenía programada la realización de una Asamblea General para desahogar las etapas normativas que permiten el acceso al modelo de presupuesto directo para comunidades indígenas que opera en Michoacán. Reportes de liderazgos locales expusieron que los procesos de transición hacia la autonomía presupuestaria en la franja de la Sierra-Costa han registrado dinámicas de tensión interna y disputas entre grupos civiles debido al control de las asignaciones financieras federales y estatales, variables que son analizadas por los comités de inteligencia del Estado antes de concluir el ciclo estacional.



