
XOCHITEPEC, Mor.– El exgobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue absuelto del delito de delincuencia organizada por un juez penal federal, determinación que le permitirá abandonar el Centro Federal de Readaptación Social de Morelos tras nueve años de reclusión. La resolución judicial y el cambio en la medida cautelar que faculta su transición al régimen de prisión domiciliaria fueron dictados.
La sentencia absolutoria fue emitida por el juez de control Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Xochitepec, Morelos, previéndose que los trámites administrativos de excarcelación se materialicen.
El desglose técnico de los criterios jurídicos aplicados por las salas federales y los centros de justicia detalla las siguientes variables:
Efectividad de la prisión domiciliaria: Al desvanecerse la acusación por delincuencia organizada, el exmandatario quintanarroense podrá hacer efectiva la sustitución de la prisión preventiva oficiosa por resguardo domiciliario. Este beneficio procesal le había sido concedido desde hace tres años en el expediente penal que aún mantiene abierto por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), radicado en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Cumplimiento de obligaciones financieras: El órgano jurisdiccional confirmó que Borge Angulo cumplimentó en su totalidad el pago de la garantía económica que le había sido impuesta por los tribunales federales como requisito indispensable para obtener el cambio de régimen cautelar.
Las comisiones de fiscalización y los juzgados de distrito registraron los antecedentes del exfuncionario.
Roberto Borge ejerció la titularidad del Ejecutivo en Quintana Roo durante el periodo constitucional de 2011 a 2016. Su captura fue ejecutada por agentes internacionales el 4 de junio de 2017 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando pretendía abordar un vuelo comercial con destino a Francia.
En enero de 2018 fue extraditado a territorio mexicano e inmediatamente vinculado a proceso federal por el supuesto desvío y enajenación de 24 terrenos de reserva territorial a precios preferenciales en beneficio de familiares y prestanombres, conducta que la fiscalía tipificó originalmente como un detrimento patrimonial millonario hacia el erario público.
Paralelamente, en el ámbito del fuero común, las fiscalías locales le instruyeron procesos penales por peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública; sin embargo, las bitácoras judiciales confirman que ninguna de estas acusaciones locales se mantiene vigente ni con efectos restrictivos de la libertad.



