
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este lunes que exista algún riesgo para su administración luego de que los exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, se entregaran a las autoridades de Estados Unidos. Ambos exfuncionarios son señalados por la justicia estadounidense de presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Ante los cuestionamientos sobre una posible protección al gobernador sinaloense, Rubén Rocha, la mandataria fue enfática: "Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que esconder", afirmó en su conferencia matutina, subrayando que su gobierno no realiza pactos con la delincuencia organizada ni de "cuello blanco".
Como parte de las acciones inmediatas tras los señalamientos de la fiscalía de Nueva York, la administración federal implementó medidas de control económico:
Bloqueo de Cuentas: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló de manera preventiva las cuentas del gobernador Rubén Rocha y otros nueve funcionarios y exfuncionarios implicados.
Exigencia de Pruebas: La Fiscalía General de la República (FGR) condicionó el cumplimiento de las solicitudes de extradición a la entrega formal de las evidencias por parte de Estados Unidos.
Transparencia: La presidenta ratificó que la postura de la FGR no es un acto de protección, sino una exigencia de debido proceso legal.
La acusación, hecha pública en abril por una corte en Nueva York, involucra no solo a los exsecretarios entregados, sino también al gobernador Rocha, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, un senador y otros mandos policiales.
Cargos imputados: Tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de tenencia ilícita de armas.
Se presume que los señalados desempeñaron roles fundamentales para facilitar la logística del crimen organizado hacia territorio estadounidense. Cabe destacar que tanto el gobernador Rocha como el alcalde Gámez solicitaron licencias temporales a sus cargos a inicios de mes para encarar las investigaciones en curso.
Finalmente, Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno se mantiene tranquilo frente a las investigaciones internacionales, asegurando que la prioridad es la justicia y la soberanía nacional. La mandataria puntualizó que el congelamiento de cuentas por parte de la UIF responde a reportes del sistema financiero y no prejuzga la responsabilidad legal, la cual deberá determinarse en los tribunales correspondientes.



