
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para posponer la segunda etapa de la elección judicial, moviéndola de junio de 2027 al domingo 4 de junio de 2028. Esta propuesta busca simplificar el proceso para los electores y abre la posibilidad de que los comicios coincidan con una eventual consulta de revocación de mandato.
Además del cambio de fecha, la mandataria federal plantea una reingeniería en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), proponiendo la creación de dos secciones adicionales para agilizar el desahogo de asuntos menores y optimizar la carga de trabajo del Pleno.
La iniciativa introduce modificaciones sustanciales para facilitar el ejercicio del voto y garantizar la calidad de los perfiles:
Simplificación de boletas: Se rediseñarán las planillas para que los electores distingan claramente qué Poder (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) propone a cada candidato.
Exámenes de conocimientos: A diferencia de la reforma de 2024, se integrarán exámenes obligatorios. Los Comités de Evaluación seleccionarán a los cuatro mejores perfiles por cargo antes de proceder a la insaculación pública (sorteo).
Comisión Única: Se plantea que los tres Poderes puedan integrar una sola comisión de evaluación para simplificar la calificación de los aspirantes.
En la jornada de 2028 se prevé la elección de la mitad restante de los juzgadores del país, incluyendo:
Nivel Federal: 4 magistrados de la Sala Superior del TEPJF, 463 magistrados de Circuito y 385 jueces de Distrito.
Nivel Local: 424 magistrados y 2,831 jueces en 25 entidades federativas.
"Buscamos que sea más sencillo para las y los electores identificar por quién votan y permitir la participación de todos los mexicanos en la elección del Poder Judicial", afirmó la presidenta durante su conferencia matutina.
La propuesta establece que las casillas se ubiquen en los mismos puntos que las elecciones ordinarias para garantizar la accesibilidad, bajo la condición de que los representantes de partidos políticos no intervengan en el proceso judicial. Asimismo, la convocatoria del Senado se adelantaría de septiembre a abril del año previo a los comicios para otorgar mayor tiempo de organización al Instituto Nacional Electoral (INE).
Finalmente, la reforma prevé que, ante vacantes por renuncia o fallecimiento, el cargo no sea ocupado por el segundo lugar de la votación, sino que permanezca desierto hasta el siguiente proceso electoral ordinario.



