SHCP confirma bloqueo de cuentas de Rocha Moya

México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió a la inmovilización preventiva de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve funcionarios y excolaboradores de su administración. La medida responde a una serie de reportes de alerta emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.

A través de una tarjeta informativa, la SHCP detalló que estas personas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) bajo un carácter estrictamente preventivo. El objetivo primordial de esta acción, según la dependencia, es "proteger la integridad del sistema financiero nacional" ante posibles flujos de recursos de procedencia ilícita.

Sustento legal: Reportes LPB 24 Horas

La intervención de la UIF se activó mediante el protocolo conocido como "LPB 24 Horas", el cual permite la inmovilización inmediata de activos cuando existen reportes bancarios que sugieren riesgos operativos o legales. La SHCP aclaró que esta medida es una herramienta de control administrativo mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes.

El vínculo con la acusación en Nueva York

El bloqueo financiero es una consecuencia directa de la acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. El expediente estadounidense imputa a Rocha Moya y a su círculo cercano los siguientes cargos:

Tráfico de Narcóticos: Conspiración para la importación masiva de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia los Estados Unidos.

Colaboración con el Crimen Organizado: Presuntos nexos operativos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Alcance de la investigación: La lista de diez personas incluye tanto a funcionarios activos como a retirados del gobierno estatal sinaloense.

Impacto institucional

Esta acción coordinada entre el sistema financiero mexicano y las autoridades judiciales internacionales marca un precedente en la supervisión de mandatarios estatales. Mientras las cuentas permanecen congeladas, la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con la integración de sus propias carpetas para determinar si existen elementos suficientes para proceder penalmente en territorio nacional, conforme a la exigencia de pruebas manifestada por el Ejecutivo Federal.