
Juárez.- La Fiscalía Zona Norte informó que en las próximas horas se presentará ante un Juez de Control a Vianey Esmeralda H. G., señalada como la probable responsable de la muerte de su hijo, el pequeño Eitan Daniel, de apenas 18 meses de edad. La mujer enfrentará cargos por homicidio con penalidad agravada, debido a la crueldad y maltrato sistemático que presuntamente ejercía contra el infante.
De acuerdo con la narrativa del Ministerio Público, la penalidad agravada se fundamenta en las propias declaraciones y evidencias recabadas sobre el entorno de violencia en el que vivía el menor.
Maltrato sistemático: La acusada presuntamente confesó que solía atar al niño de un pie, dejarlo sin alimento y golpearlo con frecuencia sin motivo aparente.
Causa de muerte: La fiscalía busca demostrar que el deceso de Eitan Daniel fue la culminación de un historial de abusos físicos y omisión de cuidados.
Proceso judicial: Se espera que la audiencia inicial defina la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva.
Mientras la madre enfrenta el cargo de homicidio, el padre de la víctima, identificado como Brayan Adrián, enfrentará un proceso distinto derivado de las circunstancias de su captura.
Cargos contra el padre: Será acusado de resistencia a particulares y delitos contra la salud, tras habérsele localizado una dosis de droga al momento de su detención por parte de los agentes ministeriales.
Familiares en libertad: El tío y los abuelos del menor, quienes inicialmente fueron retenidos, serán puestos en libertad en las próximas horas al no encontrarse responsabilidad penal en su contra.
Colaboración: Las autoridades confirmaron que estos familiares aportaron información clave para nutrir la carpeta de investigación y solo falta que ratifiquen sus declaraciones de manera formal.
El caso ha generado una profunda indignación en la comunidad fronteriza debido a la vulnerabilidad de la víctima. La Fiscalía General del Estado (FGE) subrayó que se aplicará todo el rigor de la ley en este caso de filicidio, buscando garantizar que el castigo sea proporcional a la gravedad de los actos de tortura y privación de la vida denunciados.
Se exhorta a la ciudadanía a utilizar los mecanismos de denuncia anónima ante cualquier sospecha de maltrato infantil en sus comunidades, con el fin de intervenir antes de que ocurran tragedias irreparables.



