
Juárez.- Los padres del menor Eitan Daniel, actualmente recluidos en el Centro de Reinserción Social (CERESO), denunciaron públicamente haber sido víctimas de tortura y coacción por parte de las autoridades investigadoras para declararse culpables. Ante el clima de hostilidad y las recientes amenazas de muerte recibidas por parte de la población estudiantil del penal, la defensa de los imputados solicitó formalmente medidas de protección y resguardo especial para garantizar su integridad física mientras se desahoga el proceso judicial este martes 24 de marzo.
El testimonio de Vianey Esmeralda, madre del menor, ha revelado presuntas irregularidades graves durante las etapas iniciales del interrogatorio ministerial.
Métodos de tortura: La detenida aseguró haber sido sometida a prácticas de asfixia inducida con el objetivo de obligarla a firmar una confesión y señalar directamente al padre del menor como el responsable de los hechos.
Resistencia al señalamiento: A pesar de la presión física y psicológica reportada, Vianey Esmeralda sostuvo que se negó a inculpar a su pareja, argumentando que las declaraciones obtenidas bajo coacción carecen de validez legal.
Violación al debido proceso: La defensa técnica prepara una serie de recursos basados en el Protocolo de Estambul para documentar las lesiones y las secuelas psicológicas derivadas de estos actos de violencia institucional.
Además de las acusaciones contra el personal operativo, los padres de Eitan enfrentan un riesgo inminente dentro de las celdas comunes del centro penitenciario.
Amenazas de represalias: Otros internos han proferido advertencias y amenazas directas contra la pareja, una situación común en casos que involucran agresiones a menores de edad dentro del sistema carcelario.
Solicitud de resguardo: Ante el temor de una agresión física inminente, se ha pedido a la Dirección de Reinserción Social el traslado a un área de protección o segregación para evitar el contacto con el resto de los reos.
Vigilancia especial: Se exige que las cámaras de seguridad del pasillo y las áreas comunes registren cualquier movimiento sospechoso que ponga en peligro la vida de los imputados.
La denuncia de tortura ha provocado que organizaciones civiles y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) pongan especial atención en el desarrollo del caso. De confirmarse las prácticas de asfixia, el proceso podría dar un giro significativo, ya que cualquier prueba obtenida mediante violación a los derechos fundamentales debe ser excluida del juicio conforme a la legislación mexicana vigente.
Por su parte, las autoridades del CERESO no han emitido una postura oficial sobre las medidas de seguridad adicionales, pero se espera una resolución del juez de control en las próximas horas para determinar si los padres serán reubicados de celda.



