
Juárez.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una serie de comparecencias para esclarecer la posible participación de agentes extranjeros en un operativo contra el narcotráfico en el municipio de Morelos, Chihuahua. Entre los citados destaca Guillermo Arturo Zuany Portillo, fiscal especializado en Operaciones Estratégicas, junto a otros 19 servidores públicos que presuntamente conocieron de las acciones realizadas el pasado 19 de abril.
La investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), busca determinar si se vulneró la seguridad nacional tras reportes que señalan el fallecimiento de dos agentes extranjeros durante el hallazgo de un megacolaboratorio de drogas sintéticas en la Sierra del Pinal.
El caso ha generado versiones encontradas entre los niveles de gobierno sobre quiénes ejecutaron el operativo en la zona serrana:
Versión Federal: La FGR citó declaraciones previas del exfiscal César Jáuregui, quien habría mencionado que, entre las cuatro personas fallecidas en el sitio, dos eran agentes extranjeros realizando funciones de investigación en territorio mexicano.
Versión Estatal: La Fiscalía de Chihuahua sostuvo que en la operación participaron únicamente 80 elementos (40 de la Agencia Estatal de Investigación y 40 del Ejército Mexicano), descartando oficialmente la intervención de fuerzas de otros países.
Próximas entrevistas: Se espera que en los siguientes días acudan a declarar cerca de 50 personas más que estuvieron presentes en el área del conflicto.
Más allá de la controversia diplomática, el operativo del 19 de abril arrojó resultados históricos en cuanto a decomiso de precursores químicos en la región:
Sustancias químicas: Se localizaron más de 55 mil litros de precursores líquidos y 50 toneladas de materiales sólidos.
Droga terminada: Las autoridades aseguraron cerca de dos mil litros de metanfetamina en distintos estados de procesamiento.
Equipo industrial: En el sitio fueron hallados reactores, centrifugadoras y cilindros de gas L.P. diseñados para la confección masiva de estupefacientes.
La FGR mantiene abierta la carpeta de investigación ante la sospecha de delitos contra la seguridad nacional. El punto crítico de la indagatoria radica en si los agentes extranjeros contaban con la autorización debida para operar en México o si se violaron los protocolos de soberanía.
Mientras tanto, el estatus de los elementos del Ejército Mexicano que participaron en el despliegue permanece bajo reserva, y no se ha confirmado si también serán llamados a comparecer ante el Ministerio Público Federal.



