
El Gobierno Municipal de Chihuahua ha eliminado al menos 11 bardas y espacios con propaganda política colocada de manera indebida en infraestructura urbana. El alcalde Marco Bonilla informó que estas acciones forman parte de un operativo permanente para garantizar el cumplimiento de la normativa que prohíbe el uso del equipamiento público para fines partidistas o de promoción personal.
De acuerdo con las declaraciones del presidente municipal, el retiro de esta publicidad no se dirige a un perfil específico, sino que abarca a diversos actores políticos que han utilizado puentes y muros municipales para proyectar su imagen o mensajes.
Actores involucrados: El alcalde precisó que la propaganda retirada pertenece a múltiples figuras políticas y no exclusivamente a una persona o partido.
Ubicación de las pintas: Las intervenciones se han concentrado principalmente en puentes vehiculares y bajo puentes, así como en puentes peatonales y bardas propiedad del municipio.
Obligación legal: La autoridad municipal está facultada y obligada a mantener la infraestructura libre de mensajes electorales fuera de los tiempos y espacios permitidos por la ley.
La ley vigente en el municipio de Chihuahua es estricta respecto al uso de bienes destinados al bien común. Bonilla detalló que está estrictamente prohibido pintar o colocar mensajes en:
Puentes vehiculares y peatonales: Considerados elementos críticos de la imagen urbana.
Bardas municipales: Muros perimetrales de parques, unidades deportivas y edificios públicos.
Mobiliario urbano: Postes, semáforos y otros elementos de servicio.
El alcalde reiteró que el Municipio continuará monitoreando las principales vialidades de la capital para detectar nuevas pintas o colocación de mantas. Estas acciones buscan evitar que el espacio público sea utilizado como herramienta de promoción anticipada, asegurando que la infraestructura se mantenga en condiciones óptimas para su uso original.
Hasta el momento, las cuadrillas de servicios públicos han priorizado la recuperación de áreas donde la ley impide tajantemente cualquier tipo de promoción, ya sea de candidatos formales o de aspirantes a cargos de elección popular.



