
México.- La cúpula legislativa del Partido Acción Nacional (PAN) lanzó una ofensiva política contra la administración estatal de Sinaloa, exigiendo la rendición de cuentas del gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios presuntamente señalados por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico.
Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, exhortó a los señalados a no guardar un "silencio cómplice" y dar explicaciones públicas, argumentando que su ausencia de la vida pública fortalece las sospechas de culpabilidad.
La postura de la oposición se ha endurecido tras las recientes acusaciones provenientes de la administración de Donald Trump, que han puesto bajo la lupa a figuras clave del morenismo en Sinaloa:
Funcionarios señalados: Además del gobernador Rocha Moya, la lista incluye al senador Enrique Inzunza y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
Postura de la Cámara de Diputados: López Rabadán enfatizó que "nada ayuda a la vida pública" que los servidores permanezcan escondidos mientras las acusaciones de nexos con el Cártel de Sinaloa se intensifican.
Argumento político: La oposición sostiene que la falta de una defensa pública sólida por parte del gobierno sinaloense daña la imagen internacional de México y la confianza ciudadana.
Ante la gravedad de las acusaciones, el líder nacional del PAN y senador, Jorge Romero, anunció que su bancada solicitará formalmente la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa:
Justificación: Romero calificó la situación como la confirmación de un "narcogobierno" y criticó la supuesta preferencia de la Cuarta Transformación por proteger a sus funcionarios en lugar de investigar.
Acciones legales: El PAN buscará llegar a las últimas consecuencias para que los responsables sean enjuiciados, asegurando que las familias mexicanas merecen vivir en paz.
Infiltración en los Poderes: El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, secundó la medida alertando que el narcotráfico ha "penetrado" incluso en las estructuras del Poder Legislativo y Judicial, haciendo urgente la intervención federal.
Se espera que la bancada panista impulse la realización de un periodo extraordinario de sesiones con el fin de debatir y votar la solicitud de desaparición de poderes. Esta figura constitucional permitiría al Senado declarar que han desaparecido los poderes constitucionales de un estado, lo que derivaría en el nombramiento de un gobernador provisional y la reestructuración del gobierno local.
El conflicto escaló de la arena política a la institucional, en un contexto donde la presión de Estados Unidos por acciones contundentes contra el crimen organizado en México se ha convertido en el eje central de la agenda bilateral entre ambos países.



