
Juárez.- La coordinadora de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Dina Salgado, encabezó una rueda de prensa para condenar las declaraciones recientes de la política Daniela Álvarez, quien utilizó frases como “no estamos mancos, no estamos mudos” durante una conferencia. Salgado calificó estas expresiones como una forma de violencia simbólica que refuerza estigmas de incapacidad e inutilidad hacia este sector de la población.
Acompañada por las regidoras Patricia Mendoza y Karla Escalante, así como por Alejandro Acosta y Sandra García, la coordinadora anunció que se interpondrán quejas formales ante organismos estatales y nacionales para señalar la falta de sensibilidad en el discurso público.
Dina Salgado, quien se identificó como mujer con discapacidad, enfatizó que el uso de estas analogías no debe normalizarse como parte del lenguaje coloquial:
Significado de la agresión: “Cuando se utiliza una discapacidad como sinónimo de debilidad, se reproducen estigmas que han excluido y lastimado a miles de personas durante décadas”, señaló.
Vulneración de la dignidad: La funcionaria argumentó que asociar la falta de extremidades o de habla con la falta de voluntad o poder político es una afrenta directa a la dignidad humana.
El grupo de regidores y representantes sociales confirmó que el caso será llevado ante diversas instancias para sentar un precedente sobre el lenguaje incluyente:
Denuncias formales: Se presentarán quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).
Ámbito electoral: Debido al contexto político de las declaraciones, también se recurrirá a autoridades electorales y partidistas correspondientes.
Reparación del daño: Salgado hizo un llamado directo a Daniela Álvarez para que ofrezca una disculpa pública y se comprometa a participar en talleres de sensibilización sobre inclusión y discapacidad.
Finalmente, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables recordaron que los líderes de opinión y servidores públicos tienen la responsabilidad ética de evitar discursos que promuevan la discriminación. Subrayaron que la verdadera inclusión comienza con el respeto en el lenguaje, evitando transformar condiciones de vida en etiquetas peyorativas.



