
Campeche.- Lo que inició como una crítica en Facebook por la calidad de un sándwich en la cafetería de la Universidad Tecnológica de Calakmul (Campeche), se transformó en una denuncia de racismo y violación a la libertad de expresión. Sami Magdiel López Méndez, estudiante de octavo cuatrimestre, enfrenta una resolución de la Comisión de Honor y Justicia que pone en riesgo su futuro académico tras una serie de medidas que califica como arbitrarias.
Tras una audiencia donde se le negó el acceso a un representante o traductor, la institución determinó las siguientes medidas correctivas:
Disculpa Pública: El estudiante debía ofrecer una disculpa oficial en un plazo de 72 horas por "afectar la imagen institucional".
Valoración Psicológica: Se le ordenó someterse a un examen de salud mental para determinar si es "apto" para continuar con sus clases.
Argumento Institucional: La directiva académica, encabezada por Karla Velázquez, sostiene que el alumno no agotó los canales internos y que su libertad de expresión debe ejercerse "sin afectar a terceros".
Sami Magdiel, hablante de la lengua ch'ol maya y originario de una comunidad campesina, denunció diversas irregularidades durante el proceso administrativo:
Falta de Reglamento: Al estudiante no se le entregó el reglamento interno para conocer sus derechos y obligaciones antes de la audiencia.
Barrera Lingüística: La universidad no proporcionó un traductor ni permitió compañía durante el juicio escolar, a pesar de la condición indígena del alumno.
Vulnerabilidad Económica: El joven eligió esta universidad por falta de recursos para mudarse a la ciudad, situación que, según denuncia, ha sido aprovechada para ejercer presión institucional.
Ante el temor de represalias para concluir su Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico, Sami publicó un video el pasado 14 de abril para difundir el caso y proteger sus derechos. "Alcé la voz porque no me gustaría que mis hermanos pasen lo mismo por expresarse", declaró. Actualmente, su estatus académico permanece en la incertidumbre, mientras el caso comienza a atraer la atención de organizaciones de derechos humanos y colectivos indígenas que exigen el cese del hostigamiento escolar.



