
México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, confirmó que la Cámara Alta no intervendrá directamente en el caso de los agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua, dejando la responsabilidad del cauce jurídico y legal exclusivamente en la Fiscalía General de la República (FGR). Con esta postura, el Poder Legislativo opta por una "salida institucional" que busca respetar las facultades del Ejecutivo y evitar la politización del incidente.
En conferencia de prensa, el legislador morenista sustentó la decisión basándose en el marco legal vigente que delimita las funciones del Senado frente a la Presidencia:
Facultades del Senado (Art. 76): Mier recordó que, aunque la Cámara Alta evalúa la política exterior, aprueba tratados y ratifica nombramientos del servicio exterior y de la FGR, su papel es de supervisión y no de ejecución.
Exclusividad Presidencial (Art. 89): Precisó que la conducción de la política exterior es facultad exclusiva de la Presidenta de la República, por lo que el Senado debe mantenerse en un plano de evaluación implícita y explícita, sin invadir funciones de investigación criminal.
Ruta Institucional: El legislador enfatizó que la FGR es la instancia del Estado mexicano diseñada para dar validez jurídica a hechos ocurridos en territorio nacional donde se vean involucrados ciudadanos o agentes extranjeros.
La determinación de la bancada mayoritaria representa un cambio de rumbo respecto a las intenciones iniciales de algunos sectores parlamentarios que buscaban citar a comparecer a funcionarios o crear comisiones especiales:
Transferencia del Conflicto: Al delegar el peso del caso a la FGR, el Senado se aleja del centro del conflicto político generado por la presencia de agentes norteamericanos en Chihuahua.
Evitar Tensiones Binacionales: La medida busca que la investigación avance por canales diplomáticos y judiciales técnicos, evitando que el debate en tribuna afecte la relación con Estados Unidos.
Respaldo a la Investigación Técnica: Mier señaló que la confianza se deposita en los peritajes y diligencias que realice el Fiscal General de la República para esclarecer el motivo de la presencia de los extranjeros en la Sierra.
Este movimiento legislativo clarifica el panorama político: mientras el Gobierno de Chihuahua y la Federación mantienen posturas encontradas sobre el conocimiento del operativo, el Senado cierra filas con la estructura federal de justicia. La atención se centra ahora en los informes que la FGR emita en las próximas semanas, los cuales serán determinantes para definir si hubo violaciones a la soberanía nacional o si la operación contaba con algún marco de legalidad bajo los convenios de cooperación internacional.



