El cajón de los milagros

Por Alessia Guerra

Dicen que los milagros no existen. En la política mexicana sí. Basta abrir el cajón correcto y aparece un expediente que llevaba años acumulando polvo. No importa si estaba "archivado", "en integración" o "en análisis"; las carpetas tienen una cualidad sobrenatural: escuchan el calendario electoral mejor que los dirigentes de los partidos.

Por eso no sorprendió que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, advirtiera que no le extrañaría ver resucitado un expediente en manos de la Fiscalía General de la República. La declaración tiene su lógica política. Si la carpeta reaparece, la narrativa de la persecución estaba escrita desde antes. Si no aparece, siempre quedará la sospecha de que alguien la volvió a esconder. En ambos escenarios, el debate deja de ser jurídico para convertirse en político.

La verdadera tragedia no es que existan investigaciones. Para eso están las fiscalías. La tragedia es que hace mucho dejaron de inspirar certeza. Cada carpeta parece venir acompañada de una encuesta electoral, una negociación de alto nivel o una disputa entre grupos de poder. El ciudadano ya no pregunta si hay pruebas suficientes; pregunta quién se peleó con quién.
Y es que la justicia mexicana tiene un extraño sentido del tiempo. Avanza a paso de tortuga cuando se trata de esclarecer delitos que afectan a millones, pero puede convertirse en velocista olímpica cuando el protagonista ocupa un cargo público o incomoda al poder de turno. Debe ser pura casualidad. Igual que las filtraciones selectivas, los oportunos trascendidos y las conferencias donde todos parecen saber más que los propios expedientes.

Lo más irónico es que cada administración promete acabar con el uso político de la justicia... justo antes de descubrir las enormes ventajas políticas que ofrece. Cambian los colores del gobierno, cambian los discursos y hasta cambian los enemigos. Lo único que permanece intacto es la tentación de convertir los expedientes en instrumentos de presión y los tribunales en escenarios de confrontación pública.

Quizá el mayor problema no sea la carpeta de Maru Campos. Quizá el verdadero expediente que sigue abierto sea el de la credibilidad de las instituciones. Ese sí lleva décadas sin resolverse y, curiosamente, ningún fiscal parece tener prisa por consignarlo.

Porque, al final, en este país los expedientes no prescriben políticamente. Solo esperan a que alguien necesite desempolvarlos. Y cuando eso ocurre, la justicia deja de parecer una balanza para convertirse, una vez más, en el utilero favorito del teatro político.